La salida de al menos 49 oficiales del Ejército —entre coroneles y mayores— en menos de tres meses ha encendido el debate sobre las razones de fondo detrás de estos movimientos dentro de la Fuerza Pública.
Aunque la institución ha defendido que los retiros se realizaron conforme a la ley y bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”, distintos sectores advierten que no se trata de hechos aislados, sino de una reconfiguración profunda que viene desarrollándose desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro en 2022.
Desde entonces, cerca de 79 generales y almirantes han salido de las Fuerzas Militares, en un proceso de renovación del alto mando que también ha impactado cargos estratégicos como el Comando General y la comandancia del Ejército.
Únase AQUÍ a nuestro WHATSAPP | TIK TOK | INSTAGRAM
LEA TAMBIÉN:
- JEP pone bajo la lupa a excomandante del Ejército por ‘falsos positivos’ en Santander
- Fiscalía alista imputación contra el general (r) Zapateiro por nuevos señalamientos de acoso sexual
- Petro responde a ola de atentados y defiende su estrategia de seguridad y lucha antidrogas
Para el Gobierno, estos cambios responden a una reorganización institucional; sin embargo, analistas señalan que la salida simultánea de oficiales con amplia experiencia podría debilitar la capacidad operativa en un momento de alta presión por el deterioro del orden público en varias regiones del país.
Uno de los factores que explica esta situación es la reducción sostenida del pie de fuerza. Entre 2021 y 2025, el número de efectivos pasó de 459.695 a 402.228, lo que representa una disminución del 13 %. Esta tendencia, sumada a la salida de mandos medios como los coroneles —clave en la planificación táctica y ejecución de operaciones— podría generar vacíos en la cadena de mando y retrasos en la toma de decisiones.
A esto se suman cuestionamientos sobre el procedimiento administrativo de los retiros. Varias resoluciones presentan inconsistencias en fechas y trámites, como juntas asesoras realizadas antes de las solicitudes formales o fuera de los tiempos establecidos por la normativa.
RECOMENDAMOS: Únase aquí a la cuenta de X (Twitter) de Metropolitano
Otro punto crítico es el criterio utilizado para definir quiénes debían salir. En varios casos se argumentó el tiempo de servicio —superior a 22 o 23 años—, una práctica legal pero que, según expertos, no necesariamente responde a necesidades estratégicas en el contexto actual de seguridad.
Finalmente, fuentes cercanas al proceso han señalado la posible influencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la definición de ascensos y retiros, lo que ha generado incomodidad dentro de la Fuerza Pública. Aunque esta entidad no tiene como función formal intervenir en carreras militares, su presunto papel en estas decisiones ha despertado críticas tanto internas como externas.
En conjunto, la salida masiva de oficiales parece responder a una combinación de factores: una política de renovación del mando, ajustes institucionales, criterios administrativos discutidos y posibles tensiones políticas.
