El debate por los cambios de medidores en Bucaramanga escaló este jueves tras la dura respuesta del Acueducto Metropolitano (AMB) a las denuncias del concejal Carlos Parra, quien ha advertido posibles irregularidades en los cobros y en el procedimiento utilizado por la empresa para reemplazar los equipos instalados en los hogares.
En un comunicado, el AMB aseguró que las afirmaciones del cabildante “faltan a la verdad, tergiversan la realidad y carecen de sustento técnico y legal”, y que han generado “confusión y engaño” entre los usuarios. La empresa insistió en que el proceso de reposición se ha hecho bajo criterios normativos y con revisiones particulares caso por caso.
Según la compañía, aunque Parra ha hablado públicamente de “miles de reclamaciones”, a la fecha solo se han radicado formalmente 102 derechos de petición por este tema. De ellos, 59 fueron resueltos como improcedentes —por predios inexistentes, medidores no cambiados o caducidad—, 32 están en apelación ante la Superservicios y 11 dieron lugar al reintegro del dinero pagado por el medidor.
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El AMB afirmó que estos datos demuestran que “no es cierto” que exista una obligación masiva de devoluciones y rechazó que se haya ordenado un reintegro generalizado. También señaló que las denuncias del concejal han llevado a usuarios a exigir devoluciones sin fundamento, generando confrontaciones en las instalaciones de la empresa.
Parra, por su parte, sostiene una versión completamente distinta. En una mesa técnica con la Superintendencia de Servicios Públicos, aseguró que existen contradicciones en la información que el Acueducto entrega al público. Afirma tener pruebas de que sí se realizan cambios de medidor con autorizaciones verbales, pese a que la empresa lo niega.
El cabildante también cuestiona el argumento utilizado para reemplazar medidores con más de diez años de uso. “No existe norma que obligue al cambio automático por antigüedad. Es responsabilidad del Acueducto demostrar técnicamente la obsolescencia en cada caso particular”, dijo.
Según Parra, el AMB habría adquirido 150.000 medidores y los habría instalado de forma masiva basándose en algoritmos que determinaban supuesta obsolescencia, sin análisis individual en laboratorio. Calificó el proceso como irregular y aseguró que muchos usuarios pagaron más de $300.000 por medidores que no necesitaban ser reemplazados.
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Además, denunció fallas en las notificaciones, algunas entregadas incorrectamente o sin comprobación real de recibido, lo que, según él, impidió que los usuarios ejercieran sus derechos. También cuestionó que medidores instalados, devueltos y reparados hayan sido cobrados como si fueran equipos nuevos.
El concejal anunció que presentará una reclamación formal para suspender posibles cobros irregulares y convocó a los ciudadanos a sumarse a una acción colectiva. Habilitó un grupo de WhatsApp para quienes consideren que su medidor fue cambiado sin el cumplimiento de los requisitos.
Mientras tanto, el Acueducto reiteró que seguirá respondiendo individualmente cada caso y defendió que actúa “con fundamento técnico, normativo y ajustado a la ley”. El pulso entre el AMB y el concejal continúa y el tema promete seguir siendo uno de los debates públicos más sensibles para los usuarios del servicio de acueducto en Bucaramanga.



