Tras una jornada maratónica de negociaciones en la sede del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Bogotá, delegados del Gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y voceros del paro alcanzaron un acuerdo inicial que podría marcar el inicio del fin de la crisis por la actualización catastral y que originó bloqueos en Santander desde hace cinco días.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que el director del IGAC expedirá una resolución que permitirá a las regionales del instituto revisar, caso por caso, los avalúos cuestionados en los municipios donde se han denunciado incrementos desproporcionados.
Según explicó, la medida busca corregir distorsiones evidentes en los avalúos, como el caso de un predio en Lebrija que pasó de estar valorado en 200 millones de pesos a más de 2.200 millones, y que tras una revisión técnica podría ajustarse a cerca de 700 millones, un valor considerado más acorde por su propietario.
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El mandatario señaló que este ejercicio piloto permitió generar confianza entre los voceros del paro, quienes ahora participarán en la revisión municipio por municipio junto con autoridades locales y el IGAC regional.
Como parte del acuerdo, los líderes de las protestas viajaron desde la madrugada a Bucaramanga para socializar los compromisos y avanzar en la evaluación de los casos más críticos, con el objetivo de que en un plazo de 15 días estén revisados los avalúos en las zonas con mayores inconsistencias.
Díaz Mateus expresó su expectativa de que, con estos avances, los bloqueos en Santander comiencen a levantarse de manera progresiva durante el día, una vez los manifestantes conozcan los alcances del acuerdo.
El gobernador también insistió en que el problema central no radica en la tarifa del impuesto predial —limitada por ley a incrementos anuales— sino en los avalúos catastrales inflados, que a mediano plazo hacen impagable la carga tributaria para propietarios, especialmente en zonas rurales.
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En paralelo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que viajará a Bucaramanga para reunirse directamente con alcaldes y líderes de los siete puntos de bloqueo que permanecen activos en Santander desde el jueves pasado.
El funcionario aseguró que su presencia busca mediar y acelerar la solución en terreno, facilitando el levantamiento de las protestas y garantizando la normalización de la movilidad en la región.
Benedetti también reiteró que la definición de las tarifas del impuesto predial recae en los concejos municipales y las alcaldías, y sugirió que parte del problema se originó en decisiones locales que no anticiparon el impacto de la actualización catastral.
En ese sentido, planteó que los municipios pueden aplicar medidas como alivios o esquemas diferenciales para mitigar la carga sobre los contribuyentes más vulnerables.
No obstante, el ministro evitó profundizar en las tensiones políticas que rodean la crisis, aunque dejó entrever que algunos sectores podrían estar incentivando las protestas, insistiendo en que las soluciones deben tramitarse por la vía institucional.
Mientras tanto, en Boyacá también avanzan discusiones similares, donde comunidades y autoridades locales han denunciado incrementos abruptos en los avalúos rurales.
El acuerdo alcanzado en Bogotá representa el primer paso formal para resolver una crisis que ha afectado la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica en ambos departamentos.
Por ahora, la expectativa está puesta en que los compromisos se traduzcan en acciones rápidas en territorio y que, con la revisión de los avalúos, se logre desactivar el paro que mantiene bloqueadas las principales vías de Santander y Boyacá.
