La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al alcalde de Vélez, Orlando Ariza Ariza, con destitución e inhabilidad general por 13 años, tras concluir que incrementó de manera injustificada su patrimonio cuando se desempeñó como director regional del Sena en Santander.

La decisión disciplinaria señala que las irregularidades ocurrieron durante las vigencias 2020 y 2021, período en el que Ariza Ariza dirigía la regional Santander del Servicio Nacional de Aprendizaje, cargo previo a su elección como mandatario del municipio veleño. De acuerdo con el fallo, el organismo de control estableció que el hoy alcalde registró un incremento patrimonial de 744.681.000 pesos, recursos cuya procedencia no logró demostrar de forma suficiente durante el proceso disciplinario.

La Procuraduría indicó que, aunque la defensa presentó documentos y testimonios para sustentar actividades económicas privadas del funcionario, las pruebas aportadas no lograron despejar las inconsistencias detectadas en el análisis de su patrimonio. El ente de control concluyó que la explicación entregada por el disciplinado no fue suficiente para justificar el origen de los recursos, razón por la cual determinó su responsabilidad en el incremento patrimonial cuestionado.

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En el fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, una de las categorías más severas contempladas en el régimen disciplinario para los servidores públicos.

El organismo recordó que quienes ejercen funciones públicas tienen la obligación constitucional de acreditar el origen de sus bienes y rentas, como parte de los principios de transparencia, integridad y responsabilidad en el ejercicio del cargo.

La decisión aún no está en firme, por tratarse de un fallo de primera instancia, por lo que el alcalde podrá hacer uso de los recursos previstos dentro del proceso disciplinario antes de que se adopte una decisión definitiva. Con esta determinación, Orlando Ariza Ariza enfrenta una de las sanciones disciplinarias más severas impuestas recientemente a un mandatario local en Santander, mientras avanza el trámite correspondiente dentro de la Procuraduría.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el control sobre el patrimonio de los servidores públicos y la obligación de demostrar el origen legal de los recursos que conforman sus bienes durante el ejercicio de funciones oficiales.