La Alcaldía de Bucaramanga decidió suspender temporalmente las declaratorias de insubsistencia firmadas por el alcalde designado, Javier Sarmiento, pero dejó claro que esta medida no implica el regreso inmediato de los más de 10 exfuncionarios que fueron apartados de sus cargos en las últimas semanas.
El anuncio se conoció este martes, al mismo tiempo varios de los afectados acudieron a la administración municipal tras recibir un fallo judicial que les dio la razón y ordenó detener los efectos de los actos administrativos que los separaron de la nómina.
Sin embargo, pese a la orden judicial, la administración reiteró que “la medida provisional no ordena el reintegro de dichos funcionarios”, por lo que seguirán aplicando las decisiones adoptadas mientras se resuelve el fondo del proceso.
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La decisión judicial, emitida por la jueza Quinta Administrativa de Bucaramanga, Andrea Catalina Serrano Arenas, amparó los derechos de 16 exfuncionarios que trabajaban en la gestión del exalcalde Jaime Andrés Beltrán.
Según la magistrada, la administración violó la Ley de Garantías Electorales al realizar cambios en la planta de personal después del 14 de octubre, fecha en la que la Registraduría publicó el calendario de las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre.
El pronunciamiento contradice la postura del alcalde designado Javier Sarmiento, quien sostuvo que la Ley de Garantías solo empezaría a regir desde el 15 de noviembre. No obstante, la jueza recalcó que, tratándose de una elección extraordinaria, la restricción inicia en el momento en que se convoca el proceso electoral y no bajo el conteo tradicional de cuatro meses previos.
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De acuerdo con la providencia, cualquier modificación en la nómina desde ese momento —incluidas las insubsistencias— está prohibida, salvo excepciones que no aplicaban en ninguno de los casos revisados. La acción popular que dio origen a esta decisión fue interpuesta por Andrés Felipe Parra Rivera, quien pidió medidas cautelares para evitar cambios en el gabinete hasta que se realicen los comicios.
La determinación ampara a exsecretarios, subsecretarios, asesores y directivos de entidades como el Invisbu y Bomberos Bucaramanga, entre ellos Ana María Vargas, Alix Cecilia Chinchilla, Iván Darío Torres, Paola Andrea Mateus, Stephanía Soto, Liliana Serrano, Rosemberg Sanabria, Carlos Javier Méndez, Manuel Parada, Diego Alonso Reyes, Neyla Parra, Jaime Otero, Wilson Díaz, Diego Rodríguez, César Cordero y Edna Díaz.
Aunque la suspensión de las insubsistencias marca un revés jurídico para la administración, los exfuncionarios deberán esperar las decisiones finales del proceso para saber si podrán volver a ocupar sus antiguos cargos.
