La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo encendieron las alarmas por el deterioro institucional alrededor del proceso de delimitación del páramo de Santurbán y anunciaron el traslado de un informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue el aumento de actividades de minería ilegal dentro de este ecosistema estratégico.
La decisión se sustenta en el Vigésimo Quinto Informe de Seguimiento elaborado por ambos organismos, en el que se concluye que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúa incumpliendo la orden impartida por la Corte Constitucional hace más de ocho años para delimitar de manera definitiva el páramo.
Según el documento, las demoras acumuladas, los incumplimientos de los cronogramas y las falencias en la entrega de información han generado graves consecuencias ambientales, sociales y económicas en la región. Los entes de control sostienen que la falta de una delimitación clara ha dificultado la acción institucional contra la minería ilegal y ha incrementado la incertidumbre para las comunidades asentadas en el área de influencia de Santurbán.
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El informe advierte que la situación se agravó con la declaratoria de una Zona de Reserva Temporal de 75.000 hectáreas ubicada por fuera del páramo, una medida que, según la Procuraduría y la Defensoría, fue adoptada sin concertación suficiente con las comunidades y que ha limitado la capacidad de control sobre actividades extractivas ilegales.
“Los hechos advertidos permiten evidenciar indicios de un incumplimiento estructural y continuado de las obligaciones estatales orientadas a garantizar un proceso de delimitación participativo, transparente, eficaz y ajustado a los parámetros constitucionales”, señala el informe de seguimiento.
Ante este panorama, los organismos de control informaron que remitirán toda la documentación recopilada a la Fiscalía para que determine posibles responsabilidades relacionadas con la presencia y expansión de actividades de minería ilegal dentro del área del páramo.
La Procuraduría también cuestionó que durante el primer cuatrimestre de 2026 no se realizara ninguna de las 15 mesas de concertación que el Ministerio de Ambiente había programado dentro de la hoja de ruta para avanzar en la delimitación. Además, denunció falta de transparencia en la divulgación de información oficial sobre el proceso.
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Otro de los hallazgos expuestos en el informe tiene que ver con la Zona de Reserva Temporal creada mediante resoluciones expedidas en 2025. Según los organismos de control, un año después de la declaratoria, el Ministerio aún no ha entregado los estudios técnicos y jurídicos que sustentaron la medida, pese a los reiterados requerimientos realizados por la Procuraduría.
La situación afecta directamente a los municipios de Vetas, California, Suratá, Tona, Charta, Matanza y Bucaramanga, donde persisten inquietudes sobre las implicaciones ambientales, económicas y sociales derivadas de las restricciones impuestas en el territorio.
Líderes de la provincia de Soto Norte han manifestado su inconformidad con la medida, argumentando que fue adoptada sin una participación efectiva de las comunidades y que vulnera derechos relacionados con el trabajo y la concertación ciudadana.
Frente a este escenario, la Procuraduría y la Defensoría exigieron al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes y verificables para culminar el proceso de delimitación de Santurbán, fortalecer la transparencia institucional y reforzar las acciones contra la minería ilegal que amenaza uno de los ecosistemas más importantes para el abastecimiento de agua en el nororiente del país.
