Las amenazas contra el concejal Henry Gamboa Vargas, en medio del polémico debate por un empréstito superior a $538 mil millones, encendieron las alarmas en Bucaramanga y provocaron una ola de rechazos desde distintos sectores políticos e institucionales.
El cabildante, quien ha manifestado su respaldo al proyecto impulsado por la Alcaldía, se convirtió en blanco de intimidaciones a través de redes sociales tras las tensas sesiones en el Concejo, donde el ambiente de confrontación obligó a suspender el debate.
La situación llevó a su esposa, Liliana Badillo, a publicar un video en el que denunció públicamente las amenazas y pidió frenar el clima de odio. “Hago este video para proteger la vida de mi esposo, de mis hijos y la mía. Esto debe parar”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a que las diferencias se tramiten con respeto y sin involucrar a las familias.
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Desde la Administración Municipal, el alcalde Cristian Fernando Portilla rechazó de manera contundente los hechos y advirtió que este tipo de situaciones representan un grave riesgo para la democracia. “Estas amenazas no solo ponen en peligro la vida de los concejales y sus familias, sino que son un ataque directo a la institucionalidad”, afirmó.
El mandatario exigió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía y los organismos de inteligencia resultados inmediatos para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los cabildantes.
Por su parte, el jefe de Gobernanza, Jhon Manuel Delgado, aseguró que durante las sesiones se presentaron actos de violencia, interrupciones y amenazas de muerte que impidieron el desarrollo normal del debate.
A las voces de rechazo se sumó el representante a la Cámara y senador electo Óscar Villamizar, quien expresó su solidaridad con Gamboa y su familia, al tiempo que pidió acciones urgentes para proteger su integridad.
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Los hechos se registran en medio de la discusión del Proyecto de Acuerdo 011, con el que la Alcaldía busca autorización para contratar un empréstito destinado a obras de infraestructura vial y modernización del sistema semafórico.
El debate, que debía avanzar en segundo y último trámite, terminó suspendido en medio de gritos, recusaciones y denuncias de presiones ilegales, lo que, según el Gobierno local, evidenció la falta de garantías para una deliberación democrática.
Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de al menos 13 concejales, cuatro cabildantes han manifestado su oposición, centrando sus críticas en la estructuración financiera, el costo de las obras y posibles impactos ambientales.
Desde la administración también se advirtió sobre una presunta campaña de desinformación que habría exacerbado el ambiente de polarización, incluso utilizando temas sensibles como el bienestar animal para generar rechazo ciudadano.
