El Gobierno nacional dio un nuevo paso para avanzar en el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, Río de Oro, que servirá a Bucaramanga y Girón, una de las necesidades ambientales y de saneamiento básico más urgentes de la ciudad.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social dio vía libre a la declaración de importancia estratégica de esta trascendental obra y aprobó la destinación de $1.3 billones para su financiación.

Con el desarrollo de las obras de la PTAR de Bucaramanga se busca descontaminar el río de Oro, considerado uno de los más contaminados del país pues recibe casi que de manera directa las aguas negras de gran parte del área metropolitana.

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A pesar de que el proyecto ya cuenta con licencia ambiental, recientemente lograda por gestión de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y la Empresa de Alcantarillado de Bucaramanga, Empas, había una gran expectativa y reclamos de varios sectores en la región porque el Gobierno nacional no concretaba su financiación y había sido excluido del Presupuesto General de la Nación 2026.

Luego de cinco años de haber iniciado la fase precontractual, el pasado 27 de agosto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó el permiso ambiental para que la Empas pueda poner en marcha la construcción de la PTAR, que deberá tratar el 92 % de las aguas sucias de Bucaramanga y el 95 % de Girón.

Reacciones

El represente a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño (Partido Verde), el congresista que más ha insistido y presionado en instancias nacionales por la constricción de la PTAR, destacó la aprobación del CONPES 4173, que garantiza los recursos para las obras, lo que consideró «un paso enorme para el futuro ambiental del área metropolitana de Bucaramanga».

«Estaremos vigilantes para que estos recursos se ejecuten de la mejor manera, se resuelvan los conflictos sociales en el territorio y el proyecto avance con total transparencia», manifestó el parlamentario.

Por su parte la senadora santandereana Gloria Flórez (Pacto Histórico), aseguró que se trata de una muestra de compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro con el departamento de Santander.

«El gobierno del cambio le cumplió a Santander. Celebro y acompaño la expedición del CONPES que contempla los recursos necesarios para la construcción de la PTAR Río de Oro, una deuda histórica con el Área Metropolitana de Bucaramanga. Con esta millonaria inversión del Gobierno del presidente Petro, 100 % de las aguas residuales que van al Río de Oro serán tratadas. Esto es producto de trabajar con amor por mi región, durante dos años», señaló.

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Por su parte el gerente de la Empresa de Alcantarillado, EMPAS, César Camilo Hernández, reaccionó manifestando que se trata de un logro por la gestión y el compromiso conjunto entre varias entidades.

Detalló que el documentos CONPES aprueba un presupuesto $1.29 billones proyectado para ejecutarse entre el 2027 y 2035 para la realización de las obras.

«Vamos a salvar el Río de Oro. Volverá a ser el eje para el desarrollo sostenible de Bucaramanga y su área metropolitana. Hacemos que la ciudad fluya para el bienestar de los ciudadanos», dijo.

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Los problemas del proyecto PTAR Río de Oro

Aunque la Empas informó que se contemplaron tres alternativas para establecer el lote donde se construirá la Ptar, como lo fueron los sectores de El Conchal, La Marino o El Carrizal, todos en jurisdicción de Girón y Lebrija, finalmente la entidad se inclinó por la opción de los predios conocidos como Río de Oro y Los Mosquitos, ambos ubicados en la vereda Bocas, en zona rural del municipio de Girón, a un par de kilómetros del Barrio Bavaria II, en el Norte de Bucaramanga.

Según el informe de la empresa de alcantarillado, tras la evaluación de criterios de sostenibilidad social, ambiental y gestión del riesgo, entre otros ítems, la hacienda Río de Oro, de 306 hectáreas, y Los Mosquitos, de cuatro hectáreas de extensión, eran los más adecuados para la construcción de la planta.

Pero, a pesar de lo anterior, hay un gran problema social, ya que desde hace tres años buena parte del predio ha venido siendo objeto de invasiones ilegales que se han convertido en asentamientos humanos cuyos ocupantes se niegan a abandonarlo voluntariamente y, por el contrario, están exigiendo su legalización y el suministro de servicios públicos.

Incluso, el estudio previo radicado por Empas ante la ANLA revela que al 2022 por lo menos 18 hectáreas de la hacienda Río de Oro ya estaban invadidas por el asentamiento humano.

La invasión del terreno pone en riesgo la construcción de la PTAR si se tiene en cuenta que fueron los habitantes de dicho asentamiento humano los que impidieron por cerca de un año la entrada de los funcionarios de la ANLA para las tomas de las muestras de campo para el Estudio de Impacto Ambiental, retrasando el licenciamiento por diez meses.

Entonces, la Empas suscribió un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Girón a través del cual el municipio se comprometió declarar la utilidad pública del predio donde se va a construir la PTAR además de adelantar los procesos de restitución de tierras.

“Como parte del proceso de restitución del inmueble, el municipio de Girón adelantó una caracterización de la población que se encuentra ahí, para generar unos planes de contingencia que permitan presentar la oferta institucional que la Alcaldía tiene”, explicó César Camilo Hernández, gerente de Empas.

No obstante, el asentamiento humano de la Hacienda Río de Orocontinúa ocupando el predio donde se pretende construir la Ptary por el contrario insisten en la legalización del barrio y la oposición al proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector.

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Apoderados cuestionados

A pesar de la problemática social por cuenta de la invasión de gran parte de los predios donde se pretende construir la Planta de Tratamiento, la Empas ya compró los dos lotes. 

Por el predio Hacienda Río de Oro la empresa de alcantarillado pagó $12.294 millones, por un área total de 34 hectáreas aproximadamente.

METROPOLITANO estableció que un exalcalde de un municipio de Norte de Santander con líos judiciales y cuestionados contratistas de Santander aparecen como propietarios de los terrenos escogidos para el desarrollo del megaproyecto.

En los registros documentales la hacienda Río de Oro, que es el predio más grande, consta de 306 hectáreas, y actualmente es propiedad de la Urbanizadora Hacienda Rio de Oro, Urabri SAS, una firma constituida en 2016 por Constructora Esmar SAS, Luis Carlos Monsalve Caballero, Hugo Andrés Pabón Mateus, y Soljimena Monsalve Caballero, con un capital de 840 millones.

Precisamente, la Constructora Esmar SAS, que es la socia mayoritaria de Urabri SAS, con 4.200 acciones de la compañía, es propiedad del exalcalde de Arboledas (Norte de Santander) Carlos Danilo Esteban Galvis, investigado por presuntamente direccionar contratos en 2019 cuando fungía como primera autoridad en ese municipio.

Sumado a esto, en 2018 la Fiscalía imputó cargos al exmandatario por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada por la cuantía y en la modalidad de masa, por el incumplimiento en la entrega de apartamentos de la Urbanización Miradores de San José, en Girón, proyecto que era liderado por la Constructora Esmar SAS, socia mayoritaria de la Urbanizadora Hacienda Rio de Oro, es decir, la propietaria del predio Hacienda Río de Oro, donde la Empas pretende construir la planta de tratamiento de aguas residuales.

El proceso actualmente se encuentra en juicio oral en contra de Carlos Danilo Esteban Galvis.

Aunque en 2021 la sociedad Hacienda Río de Oro fue disuelta debido a los problemas financieros de su principal accionista, Constructora Esmar SAS, que desde el 2018 se encuentra en proceso de liquidación judicial relacionado a la estafa en la Urbanización Miradores de San José, milagrosamente en marzo del 2022, mismo año en que el Consorcio Diseños Ptar Río de Oro, realizaba los estudios y diseños, donde estaría ubicada la Ptar de Río de Oro, la firma Hacienda Río de Oro reactivó su actividad comercial, a pesar de que Esmar SAS aún continúa en su proceso de liquidación.

En dichas actas mercantiles, las directivas de la Urbanizadora Hacienda Rio de Oro revelan que la empresa ha tenido dificultades financieras por cuenta de la invasión de gran parte del terreno.

Según los oficios, a mediados de 2022 justo después de conocerse la manifestación de intención de la Empas de construir la Planta de Tratamiento en sus predios, la Hacienda fue invadida por al menos 150 familias.

“Se estaban tomando las decisiones para citarlos a una asamblea extraordinaria he informar «sobre la firmar negocio con el Empas», pero desafortunadamente el día 21 de agosto de 2022, recibimos información por parte de las personas que están a cargo de la vigilancia, cuidado y custodia del terreno que en las horas de la noche aproximadamente 150 personas ingresaron de manera abrupta al predio para invadirlo con machetes y otras armas contundentes, amenazando al personal y sacándolo de la hacienda”, se lee en el documento oficial.

Aunque al día siguiente las directivas lograron desocupar el lote con ayuda de la Policía, esa misma noche el predio fue invadido otra vez, por 250 familias quienes continúan ocupando ilegalmente la hacienda.

“Hoy hay un contrato entre el Empas para diseño y demás, que costó millones de pesos sobre este predio, y, que si se deja invadir es un problema de todos, nosotros perdemos el predio y el Empas como le sustenta a la Contraloría y la Fiscalía sobre el predio que contrataron para hacer los estudios, en la actualidad no se puede porque está invadido. Para mí las bandas criminales se enteraron que para allá iba él. No es casualidad que por más de nueve años se haya podido proteger la posesión del predio y que preciso cuando empiezan los estudios del predio lo invaden” agregan los socios.

Ante la imposibilidad de recuperar el predio las directivas decidieron colocar la Urbanizadora en proceso de liquidación mientras la Alcaldía declaraba como utilidad pública y así recibían los cerca de $1,3 mil millones por parte de la Empas.

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander pagó $1.500 millones por 4 hectáreas del predio Los Mosquitos, que abarca cuatro hectáreas, es propiedad de la firma IRON Constructores SAS, empresa subordinada de Valco Holding SAS, compañía de los hermanos Valderrama Cordero, megacontratistas de la Gobernación de Santander durante la administración de Richard Aguilar Villa.

Durante ese gobierno Aguilar los Valco se quedaron con varios contratos para obras de infraestructura en el departamento como el Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, que costó $90 mil millones, y el corredor vial San Gil – Charalá – Límites, por $185 mil millones, entre otras.

Valco Holding hace parte del controvertido Consorcio RCG, que con el guiño de Sneyder Pinilla (exdirectivo de la Ungrd investigado por el escándalo de corrupción en la entidad) recibió un contrato por $180 mil millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, para realizar obras de mitigación del riesgo en el sector de La Mojana, Sucre.

El Consorcio está bajo la mira de las autoridades por presuntas irregularidades en la ejecución de dichas obras, ya que varias de ellas colapsaron solo un par de meses después de su construcción.

Hasta la fecha la Empas ya ha invertido más de $20 mil millones, solo en la fase precontractual de la PTAR: $6 mil millones para los estudios y diseños, (la Cdmb aportó los $5 mil millones adicionales); y $13.796 millones en la compra de los predios en la Hacienda Río de Oro y Mosquitos, donde se desarrollará el megaproyecto.

Riesgo de desactualización 

Sumado a los continuos retrasos y la falta de financiación, expertos también cuestionan la viabilidad y funcionalidad de los estudiosy diseños para la PTAR. 

Desde la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, se han escuchado cuestionamientos a la decisión de la Empas y la Cdmb de organizar por su cuenta los estudios y diseños sin tener en cuenta al Gobierno nacional, departamental y municipal como ocurrió en su momento. 

Además de la posible desactualización de los estudios por los reiterados retrasos en los trámites de licenciamiento y financiación, se suma la posibilidad de que los diseños no sean aceptados posteriormente por el contratista.

“Lo que puede ocurrir es que recogen la plata y salen a licitar con un contrato de obra pública, el que gane diga que con ese diseño no garantiza que tengamos un buen resultado y cambie el diseño. O sea que la plata del diseño se pierde, o puede que lo haga y toda la cosa y después digan que no funcionó porque el diseño no sirvió y tengamos un ‘elefante blanco’ después de gastar más de un billón de pesos”, explicó el expresidente de la SSI, Rodrigo Fernández.

El experto considera que la Empas debió convocar una alianza público privada, APP, en la que fuera el contratista el que asumiera los costos de los estudios, diseños y la ejecución de la obra, costos que serán asumidos por la Empas según la pureza del agua que se trate en la PTAR.