Asamblea de Santander se ‘raja’ en estudio realizado por el programa Bucaramanga Cómo Vamos

Un estudio de Bucaramanga Cómo Vamos reveló graves fallas de transparencia en la Asamblea de Santander y dificultades para acceder a información pública verificable.

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Información institucional
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La falta de acceso a la información pública, los problemas en la rendición de cuentas y la ausencia de estándares claros para reportar la gestión de los diputados son algunos de los hallazgos más críticos revelados por el programa Bucaramanga Cómo Vamos en su más reciente evaluación sobre la Asamblea de Santander.

El informe analizó la transparencia institucional de la corporación y la calidad de los informes de gestión entregados por los diputados durante 2025. El resultado encendió las alertas sobre las dificultades que enfrenta la ciudadanía para acceder a información pública verificable y hacer control político efectivo.

Uno de los principales hallazgos del estudio concluyó que la Asamblea de Santander “no cuenta con un sistema institucional de transparencia”. Según el documento, hubo reiterados incumplimientos en la entrega de información solicitada por el programa ciudadano, incluso después de derechos de petición, solicitudes preventivas ante la Procuraduría y acciones de tutela.

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La evaluación recordó que desde octubre de 2024 comenzaron solicitudes formales de información sobre distintas vigencias, varias de las cuales no obtuvieron respuesta o fueron contestadas parcialmente meses después.

El estudio explicó que la medición no buscó evaluar el desempeño político o legislativo de los diputados, sino la calidad, claridad y verificabilidad de la información entregada a la ciudadanía.

Para ello se analizaron dos grandes dimensiones: la transparencia institucional de la Asamblea y la rendición de cuentas individual de los diputados. En este último punto se revisaron seis parámetros establecidos en la Ordenanza 048 de 2021, entre ellos debates de control político, reuniones con comunidades, proposiciones, hojas de vida de unidades de apoyo y respuestas a solicitudes ciudadanas.

Dentro de la evaluación de informes de gestión, el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos otorgó un porcentaje de calificación a cada uno de los diputados teniendo en cuenta seis criterios evaluados.

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Según la metodología, los diputados con mejores resultados fueron aquellos cuyos informes presentaron información más completa, verificable y trazable sobre su gestión.

De varios corporados no se obtuvieron reportes de ninguno de los seis parámetros analizados.

Tras la publicación del informe por parte del programa BMCV, el diputado Ramón Ramírez cuestionó las conclusiones presentadas.

Ramírez puso en duda el sustento jurídico y metodología del informe, además, criticó la falta de socialización de los resultados con los mismos evaluados, lo que terminó en una calificación generalizada, sin tener en cuenta variables individuales que caracterizan a cada corporado.

Según el programa, actualmente la calidad de la información depende más de cada diputado que de reglas institucionales claras. Entre los problemas detectados están debates de control político sin conclusiones, proposiciones sin numeración, acompañamientos comunitarios sin evidencia verificable y reportes sin trazabilidad.

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“Sin información verificable no hay seguimiento ciudadano posible”, señala el informe, que insiste en que la transparencia básica sigue siendo uno de los grandes retos de la corporación departamental.

El estudio también alertó que las dificultades para acceder a la información pública terminan afectando la confianza ciudadana y limitan el control social sobre las instituciones.

Como parte de las recomendaciones finales, Bucaramanga Cómo Vamos pidió fortalecer la transparencia activa, mejorar las respuestas a derechos de petición, estandarizar los informes de gestión, verificar la información reportada y capacitar a los diputados y sus equipos en rendición de cuentas.

Asimismo, el programa sugirió implementar mecanismos más sólidos de participación ciudadana y mejorar la trazabilidad de la información pública para acercar la Asamblea a los santandereanos.

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