Es oficial, la Asamblea de Santander formalizó la anulación de la convocatoria pública para elegir al contralor departamental del periodo 2026-2029. Esto, a pesar de que el acto administrativo aún sigue siendo estudiado por el Tribunal Administrativo de Santander que aún no ha dado un fallo definitivo.
Con la Resolución 081 de 2026 la mesa directiva de la Asamblea derogó la convocatoria a contralor (Resolución 077 de 2025) mediante la Resolución 081 de 2026 tras advertir inconsistencias legales en el acto administrativo y con el fin de corregir los errores jurídicos y garantizar la transparencia en la futura selección del funcionario.
«Como resultado de dicha revisión, la Mesa Directiva considera procedente derogar expresamente la Resolución No. 077 de 2025, cuyos efectos se encuentran suspendidos provisionalmente en su totalidad por decisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de retirarla hacia el futuro del ordenamiento jurídico«, se lee en la Resolución firmada por el diputado Hugo Cardozo, presidente de la Asamblea.
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Ante los fallos adversos y el análisis jurídico interno, la mesa directiva de la Asamblea concluyó que mantener la norma con dichos vicios pondría en riesgo la validez de la posterior elección del contralor. En consecuencia, optó por derogar expresamente la medida para retirar del ordenamiento un acto viciado y proteger la seguridad jurídica del proceso.
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En tal sentido, con la Resolución 081 de 2026, la Asamblea no solo derogó expresamente la Resolución 077 de 2025, que convocaba y reglamentaba el actual proceso de selección y convocatoria de Contralor, sino también, reculó y dejó sin efectos la Resolución 075 de 2026, mediante la cual había dejado sin ejecutoridad el proceso de elección.
En conclusión, el proceso se reinicia desde cero, anulando el concurso previo y ahora la Asamblea deberá diseñar y expedir un nuevo acto administrativo de convocatoria.
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Sin fallo definitivo
Aunque en el nuevo acto administrativo las directivas de la Asamblea insisten en que esta decisión no anula el proceso de selección, sino que reconoce la imposibilidad jurídica de continuar con las etapas del concurso mientras persista la orden judicial.
La medida adoptada por la corporación edilicia, se da en medio de la demanda de nulidad que adelanta el Tribunal Administrativo de Santander y que, a pesar de haber dictado una medida cautelar que suspendió temporalmente el proceso, aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el caso.
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El punto clave de todo es que a pesar de la derogación por parte de la Asamblea para continuar con el proceso de elección de contralor, la demanda en el Tribunal sigue su curso.
De hecho, esta situación ya suscitó un enfrentamiento entre las directivas de la Asamblea y la actual contralora (e), María Alejandra Ramírez, después de que en las últimas horas la funcionaria le envió un oficio al Tribunal Administrativo de Santander, más puntualmente a la magistrada Claudia Patricia Peñuela, ponente del caso, advirtiendo las presuntas extralimitaciones de la mesa directiva de la duma al tomar este tipo de decisiones administrativas sin tener en cuenta que aún no existe un fallo definitivo por parte del Tribunal.
