Tras lograr que su esposa, Laura Ahumada, fuera elegida senadora por el Pacto Histórico, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ha puesto toda la estructura electoral de la ciudad al servicio de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, con el fin de consolidar a la región del Magdalena Medio como un fortín del petrismo.
A pocas horas de las elecciones presidenciales, la atmósfera en el puerto podría describirse como la de una «maquinaria proselitista en plena combustión».
La estrategia, sin figuración pero con mucha fuerza implícita, es dirigida por el alcalde distrital y se traduce principalmente en el aumento desmedido de la burocracia y la presión directa sobre los contratistas públicos.
Los cimientos de este movimiento se sostienen sobre la estructura de poder familiar y política de la Alcaldía Distrital.
El éxito electoral de Laura Ahumada —quien obtuvo casi 69.000 votos en la consulta del Pacto Histórico— no fue un fenómeno orgánico, sino el plano maestro para la operación actual. Bajo el liderazgo del alcalde Jonathan Vásquez, la administración ha sido reconfigurada para consolidar al Magdalena Medio (incluyendo municipios como Puerto Wilches, Puerto Parra y Sabana de Torres) como el fortín del petrismo en Santander.
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Y como fórmula que gana no se cambia, el mandatario de los barranqueños está repetiendo la estrategia que le permitió hacer que su esposa fuera elegida como una de las más votadas.
La estrategia es simple pero efectiva: presionar a los contratistas y aumentar la burocracia por prestación de servicios para que terminen no solo promoviendo las campañas políticas sino que consigan votos.
Para tal fin, desde el despacho del alcalde distrital se impartió una orden corta pero concisa: “solo Cepeda en esta mond*” una frase que se hizo famosa semanas atrás en redes sociales, pero que ha servido como eslogan para impulsar la campaña presidencial de Iván Cepeda en Barrancabermeja, uno de los bastiones del Pacto Histórico en el país.
“Solo Cepeda en esta mond*. Desde mediados del año pasado, cuando se oficializó que Ahumada iba a aspirar al Congreso por el Pacto, desde la Alcaldía nos dieron la orden para respaldar su candidatura en la consulta interna del Pacto Histórico. Además de nuestro voto debemos traer por lo menos 30 personas más para mantener el contrato”, contaron a METROPOLITANO, bajo reserva, dos contratistas en Barrancabermeja.
Esta movilización no es gratuita; responde a una lógica de «contraprestación» política por la curul de Ahumada.
En este esquema de poder vertical, la consigna «solo Cepeda en esta mond*», que nació como un exabrupto de cinismo populista en redes sociales, ha sido institucionalizada como una directriz de comportamiento oficial. Lo que comenzó como un video viral es hoy la pauta que define la lealtad dentro de la Alcaldía.
Jonathan Vásquez, articulador de esta maquinaria, ha subordinado la pluralidad democrática del puerto a un compromiso de pago político, transformando el liderazgo local en una gerencia de votos para la causa nacional de Cepeda.
Los datos fiscales de enero de 2026 son contundentes: la Alcaldía de Barrancabermeja suscribió 3.126 contratos por un valor de $132.174.024.183. El análisis detallado revela una intención deliberada: el 99% de estos compromisos fueron de prestación de servicios y firmados bajo contratación directa.
Además, la administración distrital también ha recurrido a la utilización de los controvertidos fondos mixtos para entregar tres contratos públicos por más de $70 mil millones, sin recurrir a licitación pública, a dedo, y en plena Ley de Garantías.
Al utilizar estos llamados ‘contrataderos’ para eludir los controles legales, la administración ha blindado su capacidad de gasto, asegurando que el volumen contractual funcione como el soporte financiero necesario para movilizar personal y recursos en las semanas críticas antes del 31 de mayo.
Para expertos en materia contractual, esta expansión burocrática no responde a una necesidad de servicio, sino a la urgencia de garantizar una base de operación electoral financiada con el presupuesto institucional.
La gravedad del escenario actual está anclada en un historial de irregularidades que ya ha tenido consecuencias legales.
El alcalde Vásquez fue provisionalmente suspendido por la Procuraduría General de la Nación debido a su presunta indebida participación en política durante la campaña al Senado de su esposa. Además, enfrenta investigaciones de la Fiscalía por delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y constreñimiento al elector, lo que sugiere que las prácticas actuales son una reincidencia sistémica y no un hecho aislado.
La «logística de guerra electoral» documentada por el CTI describe una metodología de captura del voto que representa la monetización de la pobreza en su forma más descarnada. El uso de casas de apoyo para recolectar certificados y la entrega de «fichos» o vales de colores canjeables por sumas de dinero entre 50.000 y 100.000 pesos, además de refrigerios, no es una anécdota; es un modelo de gestión probado.
La administración Vásquez ha perfeccionado un sistema en el que el sufragio se tramita como una mercancía, utilizando estructuras de presión que trascienden campañas locales para ponerse al servicio de la agenda nacional del Pacto Histórico.
