Los ataques con drones no paran de estremecer al Catatumbo. En el último caso un artefacto cargado con explosivos cayó sobre una vivienda en la zona rural de El Tarra, en medio de los combates entre el Eln y las disidencias del frente 33 de las Farc.
En la casa se encontraban dos adultos mayores: el hombre murió de inmediato y la mujer, gravemente herida, fue trasladada al hospital de Ocaña. El hecho reavivó las alarmas por el uso creciente de estos dispositivos en acciones violentas que están dejando a la población civil en total indefensión.
La expansión de esta modalidad de ataque no es menor. Durante una audiencia ante la Corte Constitucional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó un panorama inquietante: en el Catatumbo se han detectado 48.156 vuelos de drones, de los cuales 1.692 intentos de ataque fueron neutralizados, pero 30 lograron impactar sus objetivos. Ocho uniformados han muerto y 24 más resultaron heridos por estas incursiones aéreas.
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#Catatumbo l Inteligencia del @COL_EJERCITO halló un video donde se observa como guerrilleros de las Farc atacan con drones al Eln, en zona rural de Tibú.
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) March 13, 2025
Los combates se han intensificado en los últimos días en la región donde hay una crisis humanitaria desde hace dos meses. pic.twitter.com/4asyqMQx3B
Sánchez explicó que los grupos armados operan estos drones desde casas o zonas urbanas, camuflados entre la población civil, lo que dificulta la respuesta militar. “Muchos actúan en modo sicariato. Se visten de civil, se esconden en las viviendas y desde allí operan”, advirtió.
En el Catatumbo, donde el control territorial sigue en disputa, las comunidades aseguran que los ataques con drones ya forman parte del paisaje del miedo. Yudith Milena García y Lina Marcela Mostacilla, representantes de la Mesa de Víctimas, expresaron su preocupación por el deterioro de la seguridad y la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
Recordaron que solo hace dos semanas cinco mujeres fueron asesinadas en el departamento y denunciaron que continúa el reclutamiento de jóvenes, incluso de aquellos vinculados a actividades culturales, de acuerdo con un informe publicado por el diario El Tiempo.
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Las organizaciones que monitorean el conflicto ofrecen cifras aún más duras. Según Codes, desde la firma del Acuerdo de Paz se han registrado 1.216 desplazamientos masivos y 512 confinamientos, que han afectado a más de un millón de personas, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes.
La situación también afecta a los firmantes del Acuerdo que intentan reincorporarse en el territorio. Yecenia Soto, vocera de esta población, detalló que los caminos que antes eran seguros hoy están bajo control de grupos armados y que más del 40 % de los cooperados de la nueva área de reincorporación Jairo Archila tuvo que abandonar la zona desde la crisis de enero de 2025.
El ministro aseguró que el fortalecimiento de la inteligencia militar ha sido clave para contener parte del fenómeno y destacó capturas en el marco de la operación conjunta Temis, dirigida a proteger a excombatientes. También señaló avances en la reducción del confinamiento y en la seguridad en zonas indígenas y rurales.
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No obstante, para líderes sociales, organizaciones humanitarias y comunidades, estas acciones siguen siendo insuficientes frente a un fenómeno que se reinventa y que convierte el cielo del Catatumbo en un nuevo frente de guerra.
Los ataques con drones, cada vez más frecuentes en Norte de Santander y Cauca, se consolidan como una de las amenazas más complejas del conflicto armado contemporáneo en Colombia.
Mientras tanto, familias como la del adulto mayor fallecido en El Tarra son las que siguen pagando el costo más alto de una guerra que ahora cae desde el aire.
