Un ataque armado contra un vehículo de avanzada del senador Jairo Castellanos sacudió este martes la vía Fortul–Tame, en Arauca, y dejó como saldo dos integrantes de su esquema de seguridad asesinados, en un nuevo episodio que revive las alertas por la violencia contra líderes políticos en esta región del país.
De acuerdo con información preliminar de la Fuerza Pública, la caravana fue atacada a bala mientras se movilizaba por este corredor vial, considerado estratégico y de alta influencia del Eln. El congresista, miembro del partido Alianza Social Independiente (ASI), no viajaba en las camionetas al momento del atentado, ya que se encontraba en Yopal, mientras su avanzada se desplazaba desde Norte de Santander.
Las autoridades manejan como principal hipótesis la instalación de un retén ilegal por parte de presuntos integrantes del Eln. Al no detenerse los vehículos, los hombres armados habrían abierto fuego de manera indiscriminada, provocando la muerte de dos escoltas. Unidades del Ejército y la Policía se desplazaron a la zona para asegurar el área y adelantar las primeras diligencias judiciales.
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El hecho se suma a una cadena de ataques recientes contra dirigentes políticos y sus equipos de seguridad. En noviembre pasado, el senador Temístocles Ortega denunció que fue seguido y atacado a tiros en el Cauca, mientras que ese mismo mes se reportó un atentado contra la avanzada del gobernador de Arauca, Renson Martínez, también en la vía Fortul–Tame.
Arauca ha sido escenario recurrente de hechos violentos contra actores políticos. Entre octubre y noviembre del año pasado fue incinerado un vehículo con publicidad electoral del candidato Abelardo De La Espriella y se registraron amenazas contra recolectores de firmas. Además, el 30 de septiembre de 2025, el exconcejal Luis Evelio Ascanio Naranjo fue atacado a fusil en Saravena, resultando heridos sus escoltas.
Este nuevo atentado ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral. El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que 170 municipios del país presentan algún nivel de riesgo por violencia política y fraude, 81 de ellos en categoría extrema, debido a la presencia y presión de grupos armados ilegales sobre los procesos democráticos.
