Con la mirada puesta en blindar la transparencia de los comicios de 2026, la Registraduría confirmó que los sistemas informáticos que operarán el proceso electoral están siendo sometidos a una auditoría internacional independiente.
La verificación está a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), organismo con amplia trayectoria en América Latina en materia de fortalecimiento democrático y acompañamiento técnico a elecciones.
La auditoría cubre los programas de jurados de votación, preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación nacional de resultados, herramientas clave para las elecciones de Congreso, las consultas de partidos y la primera y eventual segunda vuelta presidencial previstas para el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.
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Según la Registraduría, el proceso comenzó a inicios de este año y tiene como propósito evaluar la eficiencia, eficacia y seguridad de cada uno de los sistemas vinculados a la jornada electoral.
El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la participación de Capel busca elevar los estándares técnicos y garantizar que los softwares cumplan parámetros internacionales de calidad y confiabilidad.
El funcionario aseguró que los informes técnicos derivados de la auditoría serán públicos y estarán disponibles tanto para la ciudadanía como para los organismos de control.
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Como parte del proceso de transparencia, el pasado miércoles se realizó la exposición del código fuente en presencia de partidos políticos, misiones de observación internacional y entes de vigilancia.
Capel es un programa especializado creado en 1983 en el marco del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, orientado a brindar asesoría técnica electoral, promover elecciones libres y actuar como secretaría de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).
Con este acompañamiento internacional, la autoridad electoral busca reforzar la confianza en los sistemas tecnológicos que soportarán el conteo y la divulgación de los resultados en 2026, en un contexto marcado por debates sobre seguridad y garantías democráticas.
