El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se sumó a las voces que rechazan el nuevo proyecto de ‘paz total’ impulsado por el Gobierno nacional, que contempla beneficios judiciales para capos de estructuras criminales que se sometan a la justicia. Para el funcionario local, esta propuesta representa una afrenta contra la justicia y la labor de la Fuerza Pública.
«Este nuevo proyecto de paz total que el Gobierno nacional le quiere presentar a todos los colombianos es una burla a la Fuerza Pública, pero es premiar a los criminales”, afirmó Beltrán, quien cuestionó duramente las intenciones del Ejecutivo y la verdadera motivación detrás del polémico plan.
El modelo que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro permitiría que narcotraficantes y jefes de bandas armadas, tras haber cumplido entre cinco y ocho años de prisión, puedan acceder a libertad condicional bajo ciertas condiciones, como entregar bienes, cesar actividades ilegales y comprometerse con procesos de resocialización.
RECOMENDAMOS: Entérese de las principales noticias en la cuenta de TikTok de Metropolitano. Síganos.
#Política l El alcalde de Bucaramanga @soyjaimeandres cuestionó los anuncios que hizo el presidente @petrogustavo sobre algunos beneficios judiciales que tendrían los capos de las grandes bandas criminales en su proyecto de #paztotal. pic.twitter.com/b4jipK8jdh
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) July 17, 2025
Sin embargo, el alcalde Beltrán no se mostró convencido. «¿De qué han valido tantos esfuerzos en la inteligencia policial si los vamos a premiar mandándolos a la calle nuevamente?”, dijo, al advertir que esta medida solo reforzará las estructuras criminales y desmotivará a quienes luchan contra ellas desde el Estado.
La propuesta incluye penas alternativas para actores armados no políticos —como el Clan del Golfo o los capos del Valle de Aburrá—, que podrían pagar sus condenas en colonias agrícolas o centros de ‘armonización’, en vez de cárceles de alta seguridad, sin importar la gravedad de sus delitos.
Para Beltrán, este modelo distorsiona la idea de justicia restaurativa. «No puedo como gobernante pretender premiar a los delincuentes simplemente bajo la sombrilla de una paz (…) esa paz pasajera lo único que va a generar es más violencia y enfrentamientos entre estructuras criminales«, advirtió.
El proyecto también ha generado inquietud en el Congreso y en sectores internacionales, especialmente en Estados Unidos, dado que muchos de los potenciales beneficiarios están requeridos por narcotráfico. Además, la propuesta contempla frenar las extradiciones, lo que ha sido interpretado como un gesto favorable hacia quienes tienen cuentas pendientes en el extranjero.
«Colombia no puede permitir que la justicia la amarren no solamente de brazos, de pies, sino también la silencien”, concluyó Beltrán, quien ha sido uno de los alcaldes más críticos de la política de paz del actual gobierno.
Mientras tanto, el proyecto será radicado en el Congreso tras el 20 de julio y deberá sortear un complejo debate en el legislativo, donde se anticipa una férrea oposición por parte de sectores que consideran que el Estado no debe negociar beneficios con los grandes responsables del crimen organizado.
