La entrada en operación de nuevos buses padrones a gas natural marca el comienzo de una nueva etapa en la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga, tras años de crisis en el sistema Metrolínea. Con esta medida, las autoridades buscan dejar atrás el modelo fallido y avanzar hacia un transporte más limpio, eficiente y sostenible.
Este lunes se formalizó la firma del convenio interadministrativo de contingencia entre el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y la Alcaldía de Bucaramanga, que permitirá reactivar parcialmente el sistema y estructurar el futuro del transporte metropolitano. Esta fase contempla, entre otros puntos, el ingreso de buses a gas natural bajo esquemas de renting y control centralizado.
«El convenio 119 asegura más de $8.300 millones para iniciar la transición. Estos recursos cubrirán el alquiler de la flota, mantenimiento, combustible, salarios, tecnología, subsidios y controles contra la evasión«, explicó el secretario de Hacienda municipal, Reynaldo D’Silva. La medida forma parte del Plan de Desarrollo de la actual administración.
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#Bucaramanga l El @AreaMetroBga y la @AlcaldiaBGA firmaron un convenio para atender el proceso de transición del sistema integrado de transporte masivo de la ciudad.
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) June 17, 2025
El municipio destinará más de $8.000 millones para poner en operación 12 buses padrones a gas natural. pic.twitter.com/uyj9uwxb4c
Con el fracaso operativo de Metrolínea y la salida de sus dos operadores principales a inicios de 2025, el AMB declaró la alteración grave del servicio e inició un plan de choque que incluyó la circulación temporal de buses colectivos mediante permisos especiales. Sin embargo, esta era una solución provisional. Ahora se inicia la Fase 1 de una verdadera transición.
La reactivación de los carriles exclusivos y el retorno de vehículos articulados permitiría restablecer parcialmente la integración del sistema. También se busca recuperar la confianza ciudadana tras más de una década de deterioro, desfinanciación y vandalismo que destruyó buena parte de la infraestructura.
Metrolínea comenzó a operar en el año 2010 y nunca logró equilibrio financiero y hoy acumula deudas por más de $600 mil millones.
Una de las principales razones del colapso fue un laudo arbitral de 2016 que obligó al ente gestor a pagar más de $160 mil millones por fallas en el diseño del portal PQP, en Floridablanca. A esto se suman otras demandas y una infraestructura que colapsó tras el estallido social de 2021, donde más de 30 estaciones fueron vandalizadas y quedaron fuera de servicio.

Recuperar el sistema costará al menos $66 mil millones, según un reciente estudio técnico. Mientras tanto, las autoridades locales han decidido no esperar más y comenzar a operar bajo un nuevo esquema. El ingreso de los buses a gas es solo el primer paso.
El alcalde Jaime Andrés Beltrán ha asegurado que este proyecto busca devolverle a los ciudadanos su derecho a la movilidad digna. «Nos enfocamos en una solución real, sostenible y respetuosa con el usuario. No vamos a seguir improvisando con un sistema que ya tocó fondo”, declaró.
En una reciente visita a Bucaramanga la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, insistió en que el Gobierno nacional, principal accionista de Metrolínea, se opone a la liquidación del sistema como lo planteó en un momento la Alcaldía de la capital santandereana.




