Lo que durante años fue una región marcada por los cultivos ilícitos y la violencia comienza a mostrar una nueva realidad en algunos sectores. En el Catatumbo, cientos de familias campesinas están sustituyendo la coca por proyectos productivos de yuca, apicultura y producción de alimentos, impulsadas por la entrega de tierras que adelanta la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La transformación se refleja en miles de hectáreas adjudicadas a comunidades rurales de Norte de Santander, donde el acceso a la tierra se ha convertido en una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria, generar ingresos legales y consolidar procesos de paz en uno de los territorios históricamente más afectados por el conflicto armado.
Según la ANT, más de 3.898 hectáreas han sido entregadas en el departamento a mujeres campesinas, asociaciones rurales y firmantes de paz comprometidos con la construcción de alternativas productivas sostenibles.
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Uno de los casos más representativos se registra en el municipio de Tibú, donde las asociaciones Asprocat y Proagrocat recibieron 80 hectáreas en el sector de La Legía, Campo Dos. La adjudicación beneficia a más de 400 familias que hoy encuentran nuevas oportunidades para fortalecer sus proyectos agrícolas y mejorar sus condiciones de vida.
La apuesta productiva gira alrededor de actividades como la producción de miel y derivados apícolas, así como el cultivo y transformación de la yuca, productos que han ganado protagonismo como alternativas económicas para las comunidades campesinas de la región. Asprocat agrupa a 60 familias dedicadas a la apicultura, mientras que Proagrocat trabaja con cerca de 350 beneficiarios en procesos relacionados con la producción de yuca, una actividad que además de generar ingresos contribuye al abastecimiento alimentario local.
Los resultados económicos ya comienzan a ser visibles. Integrantes de las asociaciones destacan que el potencial productivo de estos cultivos permite mejorar significativamente los ingresos de las familias rurales y abrir nuevas oportunidades para permanecer en el territorio bajo esquemas de legalidad.
Para muchos campesinos, el acceso a la tierra representa también una oportunidad para reconstruir proyectos de vida afectados durante décadas por la violencia. Líderes comunitarios afirman que la entrega de predios devuelve la esperanza a generaciones que crecieron en medio del conflicto armado y la falta de oportunidades.
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La participación de las mujeres se ha convertido en otro de los pilares de esta transformación. Más de 50 campesinas participan activamente en los proyectos productivos, fortaleciendo su autonomía económica y ampliando su liderazgo dentro de las organizaciones rurales.
Como parte del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras también ha formalizado y adjudicado 208 predios rurales equivalentes a 3.055 hectáreas, de las cuales más de 1.042 hectáreas corresponden al municipio de Tibú.
Un aspecto clave del proceso es la vinculación de familias comprometidas con la sustitución de cultivos ilícitos. La ANT informó que 21 predios, equivalentes a cerca de 599 hectáreas, fueron adjudicados a hogares que asumieron el compromiso de reemplazar estas actividades por proyectos productivos legales y sostenibles.
En varias veredas del Catatumbo, donde durante años predominaron las economías ilegales, hoy los cultivos de yuca, la producción de miel y otras actividades agropecuarias comienzan a consolidarse como símbolos de una transformación que busca convertir la tierra en motor de desarrollo, seguridad alimentaria y construcción de paz para las comunidades rurales de Norte de Santander.
