La Procuraduría General de la Nación abrió un nuevo capítulo en la investigación por los hechos ocurridos durante una protesta en Santander, al formular pliego de cargos contra un patrullero del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy Undmo, señalado de presuntamente exceder el uso de la fuerza durante un operativo que terminó con la muerte de un manifestante.
La decisión disciplinaria recae sobre José Daniel Páez Castro, quien para la época de los hechos estaba adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios N.° 13 y ahora deberá responder ante el organismo de control por una presunta extralimitación de funciones. De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, los hechos bajo investigación ocurrieron en noviembre de 2021 en el corregimiento de La Hermosura, jurisdicción del municipio de Bolívar, Santander, durante una jornada de manifestaciones ciudadanas.
Según las indagaciones preliminares, el uniformado habría accionado su arma de dotación en medio del procedimiento policial contra algunos de los participantes de la protesta, situación que presuntamente dejó gravemente herido a uno de los manifestantes. El caso adquirió mayor relevancia debido a que la persona lesionada falleció posteriormente, hecho que motivó la intervención de los organismos de control para establecer las circunstancias en las que se produjo el procedimiento policial.
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La Procuraduría busca determinar si la actuación del patrullero se ajustó a los protocolos establecidos para el uso de la fuerza por parte de integrantes de la Fuerza Pública o si, por el contrario, existió una actuación desproporcionada e injustificada. Dentro del proceso disciplinario, el Ministerio Público pretende verificar si se vulneraron principios fundamentales que regulan la intervención de las autoridades en escenarios de protesta social, entre ellos los de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Estos principios exigen que cualquier uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea estrictamente necesario, adecuado a la situación y aplicado dentro de los límites previstos por la ley. La entidad señaló que la formulación de cargos corresponde a una etapa procesal en la que se consolidan los elementos de prueba recaudados hasta el momento, sin que ello implique una decisión definitiva sobre la responsabilidad del investigado.
No obstante, la Procuraduría consideró que existen méritos suficientes para continuar con el proceso disciplinario y avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la intervención policial. Como parte de la decisión, el organismo de control calificó provisionalmente la conducta atribuida al uniformado como una falta gravísima cometida a título de dolo, una de las categorías más severas contempladas dentro del régimen disciplinario.
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La calificación implica que, de comprobarse la responsabilidad del patrullero, podría enfrentarse a sanciones disciplinarias de gran impacto en su carrera dentro de la institución. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta social y la actuación de los cuerpos antidisturbios durante operativos de control del orden público.
Mientras avanza el proceso, la Procuraduría continuará recopilando y valorando las pruebas para determinar si efectivamente existió una conducta irregular por parte del uniformado y si esta tuvo relación directa con las lesiones que derivaron en la muerte del manifestante.
La decisión final quedará en manos de las autoridades disciplinarias, que deberán establecer si hubo responsabilidad y cuáles serán las consecuencias jurídicas para el patrullero investigado.
