Después de meses fuera del radar judicial, el dirigente santandereano Carlos Ramón González volvió a aparecer públicamente este jueves al conectarse de manera virtual a la audiencia de acusación que se adelanta en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, por el millonario saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía presentó formalmente la acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a quien señala como el presunto «cerebro» del entramado de corrupción que desvió recursos públicos de la Ungrd para favorecer intereses políticos en el Congreso. González, uno de los fundadores del partido Alianza Verde y figura histórica de ese movimiento, actualmente se encuentra prófugo de la justicia tras recibir asilo en Nicaragua. Tiene circular roja de la Interpol.
Durante la diligencia, el ente acusador detalló los hechos que sustentan los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, y solicitó un mayor reproche punitivo al considerar su cercanía con el poder, su influencia política acumulada durante más de dos décadas y su rol como exfuncionario de alto nivel del Gobierno.
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Según la Fiscalía, González habría liderado la estructura criminal que direccionó contratos de la UNGRD para «aceitar» el trámite de reformas sociales en el Congreso. Al menos 300 pruebas apuntan a que el exdirector del Dapre ordenó la entrega de recursos en una reunión conocida como «el cónclave«, realizada en Palacio de Nariño, con la intermediación de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, hoy privada de la libertad.
El escrito de acusación señala que en septiembre de 2023 González habría ordenado a Olmedo López y Sneyder Pinilla, entonces directivos de la Ungrd, entregar contratos por cerca de 70.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, a cambio de respaldar proyectos legislativos del Gobierno.
En el desarrollo de la audiencia, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, bajo el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto, reconoció como víctimas a la Ungrd, la Contraloría General, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a dos comunidades wayúu que iban a ser beneficiarias de los contratos para la compra de 40 carrotanques de agua.
Por su parte, la defensa de González, encabezada por el abogado Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía aclaraciones sobre algunos encuentros y hechos incluidos en la acusación, mientras el proceso avanza como uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al actual Gobierno.
