El caso de Carlos Ramón González dio un nuevo giro tras conocerse que la Interpol eliminó la circular de captura en su contra, pese a que la Fiscalía General de la Nación insiste en ubicarlo por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El exfuncionario, quien ocupó cargos clave como la Dirección Nacional de Inteligencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), permanece en Nicaragua, donde recibió asilo político por parte del gobierno de Daniel Ortega.
De acuerdo con las investigaciones, González sería uno de los principales articuladores de una red que desvió recursos de la Ungrd. La Fiscalía lo señala de haber coordinado, junto a otros implicados como Olmedo López y Sandra Ortiz, la entrega de contratos a congresistas a cambio de respaldo a las reformas del Gobierno.
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Según el expediente, desde su oficina en el Palacio de Nariño habría ordenado la asignación de contratos por millonarias sumas a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
Por estos hechos, la fiscal María Cristina Patiño imputó cargos en su contra por cohecho por dar u ofrecer, peculado y lavado de activos, acusaciones que González ha rechazado desde que se conocieron.
Aunque se había solicitado su captura, esta no se materializó luego de que se confirmara su salida del país. El exfuncionario, que había reportado tener arraigo en Bogotá, se encuentra en Nicaragua con respaldo diplomático.
En medio de este panorama, la Fiscalía reiteró su intención de que se reactive la búsqueda internacional, mientras el proceso judicial avanza y crecen los cuestionamientos sobre el alcance del escándalo de la Ungrd.



