La Cuadra Play de Bucaramanga, una convulsionada zona de rumba ubicada en el barrio Cabecera a la que los mismos vecinos llaman «cuadra picha», se convirtió en uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades y el gobierno local en materia de seguridad y convivencia.
Esta semana, la muerte de Jhon Jairo Gamboa Ojeda, de 42 años, a golpes, en medio de una riña a las afueras de un establecimiento del sector, agravada por el consumo desbordado de alcohol, terminó conmocionando a toda la ciudad, aumentando el repudio por el desorden nocturno en la zona y llamando a la reflexión sobre qué hacer para que los problemas de consumo de trago, microtráfico, prostitución y ruido, entre otros, no sigan escalando.
Siendo uno de los más graves, por lo que significa la pérdida de una vida en un episodio de violencia e intolerancia, el caso de John Jairo se suma a una larga lista de sórdidos episodios que semana a semana ocurren en el sector y que generalmente escandalizan a la sociedad bumanguesa por un par de días y luego se olvidan.
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METROPOLITANO presenta en este informe la actualización de otro caso que en su momento generó gran estupor, el de Ernesto Vera Pico, el joven que fue víctima de un desproporcionado procedimiento por parte del personal de seguridad de un establecimiento, que le dejó graves secuelas físicas y emocionales y que hoy, cinco años después, reclama justicia
Ernesto denuncia impunidad
Cinco años después de los hechos, propietarios de reconocidas discotecas ubicadas en Cuadra Play continúan evadiendo la responsabilidad judicial de pagar una millonaria indemnización a Ernesto Vera, agredido con fuerza excesiva por el personal de seguridad de uno de sus establecimientos.
Mientras la víctima clama justicia, los empresarios, que cada día expanden su poder en Cabecera, no le responden.
Ernesto denuncia que vive un calvario luego de haber sido atacado de manera desproporcionada por un guarda de seguridad de la discoteca La Cerve BGA, que le provocó múltiples fracturas en su mandíbula y graves contusiones en el rostro, dejándolo sin dentadura.
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Si bien el caso se hizo viral en su momento, debido a los impactantes videos que documentaron cómo los guardas de seguridad lo lanzaron de cara contra el suelo, generándole graves lesiones en el rostro, ni los fallos judiciales, ni denuncias penales han sido suficientes para que los propietarios de la discoteca le respondan.
Los poderosos empresarios involucrados en la denuncia han acudido a camuflajes empresariales, cancelación de establecimientos comerciales y sospechosos movimientos contables para evadir el pago de $468 millones de indemnización que un juez determinó pagar a Ernesto.
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Sentencia incumplida
El caso de Ernesto Vera se remite a la madrugada del 22 de septiembre de 2019, cuando llegó sobre la 1:44 de la madrugada a la discoteca La Cerve BGA, canceló el cover de ingreso y se unió a la rumba dentro del establecimiento.
Cuando el reloj marcaba las 3:03 de la mañana se presentó una riña entre personas que nada tenían que ver con él, un episodio en el que terminó siendo el que llevó la peor parte.
Luego de la riña, cuatro miembros del Staff Pro Logística se acercaron a la mesa en la que estaba Vera para obligarlo a que se retirara del establecimiento. A pesar de que el joven levanta las manos en señal de indefensión, el personal de seguridad utilizó maniobras peligrosas para sacarlo de la discoteca: lo toman de la camisa, uno de los guardas lo agarra de los brazos y del cuello, con lo cual le causa asfixia y le hace perder momentáneamente el conocimiento.
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El procedimiento por parte del personal de seguridad fue tan extremo que, incluso con Vera Pico en estado de inconsciencia causada por la asfixia mecánica, los guardas lo lanzaron de cara contra el pavimento, lo cual le causó graves lesiones en su rostro y su boca, como quedó registrado en los videos de seguridad que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Tras el ataque, Ernesto Vera fue trasladado a una clínica donde estuvo varios días internado y tuvo una incapacidad de 60 días, además de haber tenido que someterse a seis cirugías maxilofaciales y otros tratamientos médicos y psicológicos.
Luego del brutal ataque y haber sido de alta, en mayo del 2020 Ernesto empredió una serie de acciones legales en contra de La Cerve y Staff Pro Logística.
Tras un largo proceso civil, en 2023 el Tribunal Administrativo falló que los dueños del establecimiento eran responsables de «todo el daño físico y moral« causado, condenando a Johana Estela Uribe Benítez, propietaria de La Cerve, y a Óscar Eduardo Calderón Pérez, dueño de Staff Pro Logística, al pago de $200 millones como reparación.
“No se trató de un “accidente” como eufemísticamente alega el señor apoderado; fue un acto de violencia contra una persona que se hallaba en indefensión, no solo por haber ingerido alcohol, sino también por su evidente inferioridad física frente a sus injustos atacantes”, concluyó el Tribunal Superior de Bucaramanga con ponencia del magistrado Antonio Bohórquez Orduz.
Sin embargo, a pesar del fallo del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga como de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, hoy ninguno de los condenados ha pagado un solo peso de la obligación.
Ernesto hoy dice que no ha podido completar sus tratamientos, que le faltan varias cirugías, que la prótesis provisional de su dentadura frecuentemente se parte y que la solución definitiva cuesta mucho dinero.
«Da mucha impotencia saber que no pasa nada, la gente sigue llenando las discotecas, tienen poderosos aliados políticos en el Concejo y exalcaldes. Mi caso ha sido muy complejo, mi familia y yo hemos tenido que contra la impunidad», denunció Vera en diálogo con METROPOLITANO
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Ejecución de la condena
Ante el incumplimiento de la orden judicial, Vera Pico volvió a las autoridades solicitando la ejecución de la condena en contra de Johana Estela Uribe Benítez y Óscar Eduardo Calderón Pérez.
Aunque la nueva medida de ejecución de pena le fue notificada desde finales del 2024 a los dos implicados, no hubo ninguna respuesta, razón por la cual el pasado primero de abril el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, en cabeza de la juez Martha Juliana Rivera, no solo dio la orden de seguir adelante con la ejecución de la condena contra los dos propietarios de los establecimientos, sino también acató lo ordenado por el Tribunal y aumentó el valor de la liquidación de la condena.
Ahora los dos empresarios involucrados deberán pagar una multa superior a los $468 millones para reparar los daños causados a Ernesto Vera y su familia.
«Y como en este caso la parte demandada, dejó transcurrir en silencio los términos para excepcionar o de algún modo, oponerse a las pretensiones de demanda, corresponde sin más consideraciones sobre el asunto, proferir la decisión en las condiciones dispuestas por el inciso final del artículo 440 del CGP, en razón de no encontrarse dentro del proceso, circunstancia alguna que permita predicar lo contrario«, resolvió la juez.
Ya ha pasado mes y medio después del fallo y los demandados continúan incumpliendo la orden.
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Maniobras sospechosas
Pero, ¿por qué no han pagado la indemnización a Ernesto a pesar de los fallos? La respuesta estaría en los movimientos mercantiles de La Cerve y Staff Pro Logística, las dos firmas involucradas en los hechos de la madrugada del 22 de septiembre de 2019 en Cuadra Play.
La primera bandera roja la dio la empresa encargada de la seguridad del establecimiento, Staff Pro Logística, propiedad de Óscar Eduardo Calderón, quien había sido el único propietario de firma desde su constitución en 2012, con el objetivo de realizar actividades de contratación para eventos especiales, con $2 millones de capital.
Aunque hasta el 2019 Staff Pro Logística siempre renovó su matrícula mercantil, jamás reportó ingresos u otros movimientos contables. De hecho, en su corto registro mercantil solo notificó cambios en el domicilio de la empresa que inició operando en el barrio El Prado, después pasó a San Alonso y finalmente reportó que su sede estaba ubicada en San Francisco.
No obstante, una vez ocurridos los hechos del 22 de septiembre, cuando uno de los trabajadores de Staff Pro agredió a Ernesto Vera, la empresa canceló su matrícula mercantil, por lo que desde el 2019 dejó de existir legalmente.
Situación similar ocurrió con La Cerva BGA, firma que fue constituida en enero del 2019 por Johana Estela Uribe con un capital de $1 millón, que tenía como actividad principal el expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento y expendio por autoservicio de comidas preparadas.
A pesar del poco monto de la inversión, Johana Estela Uribe logró establecer uno de los bares más grandes y reconocidos de Cuadra Play, ubicado en calle 48 # 34 – 20 en Cabecera, que centenares de bumangueses visitaban cada fin de semana.
El ‘boom’ de La Cerve fue tal que en julio del 2019 el bar cambió de domicilio al local de al lado, el cual era más grande y podía atender más gente, pasando así a funcionar en la calle 48 # 34 – 16 en Cabecera, mismo sitio donde posteriormente fue agredido Ernesto Vera.
A pesar de su éxito comercial, en la renovación de matrícula mercantil La Cerve no reportó ningún ingreso y su capital solo aumentó $200 mil pesos.
Finalmente, el 29 de julio del 2020, un año y medio después de su creación y solo un par de meses después de la demanda interpuesta por Ernesto Vera, Johana Uribe canceló la matrícula mercantil de La Cerve BGA.
Así, se iba cerrando la posibilidad de exponer los bienes ante un posible fallo en su contra, como eventualmente sucedió.
Ahora un grupo económico
Pero las jugadas jurídicas no terminaron allí. En septiembre del 2020, un año después de los hechos de agresión contra Vera Pico, cuatro meses después de haber cancelado la matrícula mercantil, La Cerve BGA revivió, pero esta vez como parte del Grupo Solar Colombia SAS, una firma constituida el 16 de septiembre de 2020 por Juan Diego Padilla Chaverra, con el 16 %; Camilo Andrés Rodríguez Rangel, 18 %; Keynnis Oviedo Muñoz, 47 %; y Uriel Alberto Barrientos Uribe, con el 19 %.
Curiosamente, Uriel Alberto Barrientos es hijo de Johana Uribe, anterior dueña de La Cerve y condenada por las agresiones a Ernesto Vera.
Incluso en los procesos judiciales Vera y demás testigos afirmaron que Uriel Alberto Barrientos estaba presente en las instalaciones de La Cerve cuando Ernesto Vera fue agredido pero no intervino para detener las agresiones de los empleados a su cargo.
Al día siguiente Juan Diego Padilla inscribió La Cerve BGA como establecimiento comercial, ubicado en la calle 48 # 34 – 16, la misma dirección donde operaba al momento de haber sido cancelada la matrícula y donde ocurrieron las violentas agresiones a Vera Pico. La nueva Cerve fue registrada con un capital de $2 millones.
En la renovación del 2021 la empresa reportó ingresos ordinarios por $195 millones, pero no registró ganancias al tener costos de ventas $61 millones y gastos operacionales de $134 millones. Para el 2022 la firma registró ingresos por $859 millones y ganancias de $34 millones tras deducciones en todo el año.
El 20 de mayo de 2022 el Grupo nombró a Uriel Alberto Barrientos como representante legal
El 12 de enero de 2023 el Grupo creó BeerStore con local comercial en la carrera 35 # 48-52 con capital invertido de $2 millones. Pocos días del fallo de la justicia después de conocer el fallo en primera instancia sobre el caso Ernesto Vera el propio Uriel Barrientos canceló la matrícula de la Cerve BGA.
Al día siguiente la empresa reportó ingresos por $878 millones, pero ganancias de solo $43 millones por la operación de todo el año.
A en noviembre de 2023, tan solo dos meses después del fallo definitivo del Tribunal Superior de Bucaramanga que no solo confirmó la condena en la contra La Cerve sino también aumentó el costo de la multa, el Grupo Solar pasó a manos de Luzwin Hernández Flórez, quien compró el total de las acciones por $20 millones, el mismo valor de la inversión inicial. Pocos días después, Hernández canceló la matrícula mercantil del Grupo Solar Colombia SAS.
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Nuevo grupo, mismos socios
Paralelamente, en septiembre del 2021 Diego Padilla Chaverra y Uriel Alberto Barrientos Uribe constituyeron el Grupo de Entretenimiento de Colombia SAS, una entidad dedicada al expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento comercial, catering para eventos y actividades de administración empresarial, entre otras.
El nuevo Grupo fue constituido con un capital de $20 millones, en el que Padilla Chaverra aportó el 51 %, y Barrientos Uribe, (hijo de Johana Uribe, condenada), el 49 %.
A finales del 2021, el Grupo de Entretenimiento constituyó La Tremenda Disco BGA, en la calle 48 # 33 – 34, en Cuadra Play, con activos de $2 millones.
Justamente La Tremenda estuvo en el ‘ojo del huracán’ esta semana ya que allí era donde estaban departiendo los agresores del ingeniero Jhon Jairo Gamboa Ojeda, quien posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.
Cinco meses después, la empresa aumenta su capital a $200 millones e ingresan como socios capitalistas Keynnis Oviedo Muñoz, con el 30 % de participación; Juan Camilo Toro Toro, con el 17,5 %; Juan Diego Padilla Chaverra, con el 15 %; Juan Sebastián Díaz Leal, con el 17,5 %; Daniel Felipe Cuadros Ramírez, con el 5 %; y Uriel Alberto Barrientos Uribe, con el 15 %.
Con la inyección de capital, el Grupo de Entretenimiento constituyó los establecimientos comerciales: Salón Delirio, Once Once Licores y Eva Gastrobar, todos ubicados en Cuadra Play, con inversiones de capital que no superan los $2 millones.
¿Ganancias disminuidas?
A pesar del éxito empresarial en la industria del entretenimiento y su expansión en la zona rosa de Bucaramanga, las ganancias del Grupo de Entretenimiento de Colombia SAS han sido más bien modestas, o al menos, así quedaron registradas en los reportes contables.
Para el 2023, el Grupo reportó ingresos operacionales por $2.702 millones, sin embargo, con los costos de venta, gastos operacional e impuestos, la compañía reportó utilidades de $149 millones en todo el año.
Igualmente, en el registro del 2024 el Grupo de Entretenimiento reportó ingresos por $1.870 millones y ganancias por $97 millones, sin embargo, no discriminó los demás movimientos contables.
Situación similar se evidenció en el reporte mercantil de la vigencia 2025 donde el Grupo de Entretenimiento de Colombia SAS volvió a reportar ingresos por $1.870 millones en ingresos operacionales y no registró ganancia alguna.
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Intentos de desvinculación
A pesar de las estrechas relaciones con La Cerve BGA, los poderosos socios del grupo de entretenimiento han intentado de diferentes maneras desmarcarse de la controvertida marca y sobre todo del proceso judicial interpuesto por Ernesto Vera.
Incluso, los poderosos empresarios de Cuadra Play han recurrido a las vías legales para desligarse de La Cerve, como ocurrió a finales de 2023 cuando a través de una firma de abogados informaron que el Grupo de Entretenimiento de Colombia SAS no tiene ninguna relación con La Cerve BGA.
«Se pone de presente que, si bien los hechos ocurridos hace cuatro años en La Cerve son susceptibles de reproche, las consecuencias jurídicas que de ellos se derivaron, deberán ser asumidas por ese establecimiento y por el grupo de logística, por lo que no es dable endilgar las responsabilidades a personas que han sido completamente ajenas al conflicto que se presentó«, se lee en el oficio firmado por la abogada Nicolle Valentina Vera.
Por su parte, la defensa de La Cerve BGA, en el caso de Ernesto Vera, insiste en que los fallos en contra de Johana Uribe no están acordes a lo exigido por la Ley ya que en ninguna de las instancias se logró concretar fehacientemente el nexo causal entre el actuar de su prohijada y el daño causado.
Así lo ha manifestado el abogado Ronald Picón, apoderado de la defensa quien argumenta que las lesiones ocasionadas contra Ernesto Vera no fueron causadas dentro de las instalaciones de La Cerve, como quedó registrado en las cámaras de seguridad.
En tal sentido, Picón señala que no se comprobó que los perjuicios ocasionados a Vera Pico se hubiesen generado por una omisión o un actuar atribuible a La Cerve.
“El establecimiento de comercio La Cerve es un sitio donde se consume licor, debido al efecto que tiende a causar esté, como es inhibir a las personas, en su actuar diligente la administración contrata a personal de seguridad con el fin de evitar riñas, enfrentamientos y demás acciones que puedan causar daños o lesiones y afectar el buen ambiente del lugar. Por esta razón es que se realiza un contrato entre La Cerve y Staff Pro Logística”, explicó el abogado defensor a METROPOLITANO.
Ante esta hipótesis, Picón asegura que quien debe responder por las agresiones a Ernesto Vera debe ser la empresa contratada para la seguridad del local.
“Quien realiza la acción de sacar al señor Vera Pico es un encargado de la seguridad quien no tiene subordinación ni relación laboral con La Cerve, a quien no se le pudo comprobar una intención lesiva dentro del presente proceso y quien ni siquiera es llamado a esta Litis”, agregó el abogado defensor.
Mientras los hechos de violencia y delincuenciales pululan en la Cuadra Play de la cidad, la impunidad continúa rampante en uno de los sectores más exclusivos de Bucaramanga.
“Lo único que estoy pidiendo a ellos es que respondan por lo que la justicia y la ley les ha exigido, pero parece que para ellos la ley no aplica”, puntualizó Ernesto Vera.
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