En medio de una crisis humanitaria que mantiene a miles de familias desplazadas, confinadas y bajo el temor permanente de la violencia, líderes sociales, autoridades regionales, representantes del Gobierno nacional, la Iglesia católica y organismos internacionales pusieron en marcha una Mesa Exploratoria para la Paz de Norte de Santander con el propósito de impulsar acuerdos humanitarios entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
La iniciativa surge como una respuesta a la grave situación que atraviesa la región del Catatumbo desde enero de 2025, cuando se intensificó la confrontación armada entre ambos grupos ilegales, desencadenando una de las emergencias humanitarias más severas registradas en Colombia durante las últimas dos décadas.
El encuentro, promovido por la Gobernación de Norte de Santander, reunió a representantes de distintos sectores sociales e institucionales con el objetivo de explorar alternativas que permitan disminuir los efectos del conflicto sobre la población civil y abrir caminos hacia la construcción de acuerdos humanitarios.
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Durante la jornada participaron delegados del Gobierno nacional, autoridades locales, organizaciones sociales, víctimas del conflicto, firmantes del Acuerdo de Paz, representantes de la comunidad internacional y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Uno de los mensajes centrales del encuentro fue el llamado a desescalar la confrontación armada y priorizar la protección de la población civil, especialmente en las zonas rurales más afectadas por la violencia.
A través de un mensaje dirigido a los asistentes, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pidió a los grupos armados presentes en el territorio avanzar hacia mecanismos de diálogo que permitan reducir las hostilidades. “Un llamado hacia la paz a los actores armados del territorio y que pudieran llegar a algún diálogo que permita desescalar el conflicto en toda la región del Catatumbo”, expresó el mandatario departamental, de acuerdo con una noticia publicada por El Espectador.
La solicitud coincide con los reiterados reclamos de organizaciones sociales y comunidades campesinas que han insistido en la necesidad de establecer acuerdos mínimos humanitarios para aliviar la situación que enfrentan miles de habitantes de la región. Entre las voces que participaron en la mesa estuvo Carmen García, integrante de la organización Madres del Catatumbo, quien expuso las dificultades que viven las familias campesinas a causa de la confrontación armada.
La lideresa señaló que muchas comunidades anhelan regresar a sus territorios y recuperar las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades productivas sin temor a la violencia. Según explicó, los habitantes del Catatumbo reclaman garantías para cultivar sus tierras, movilizarse libremente, acceder a procesos de desminado y asegurar que los niños puedan asistir a las instituciones educativas sin riesgos.
La propuesta también recibió el respaldo del expresidente Ernesto Samper, quien actualmente lidera la organización Vivamos Humanos y ha acompañado iniciativas de construcción de paz en la región. Samper destacó el papel asumido por las autoridades departamentales y aseguró que los procesos de reconciliación deben comenzar desde los territorios más afectados por la violencia.
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Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó la creación de la mesa y manifestó su esperanza de que el espacio permita avanzar hacia un acuerdo humanitario entre los actores armados que operan en el Catatumbo. “Lo importante es que se pueda tener eco en un clamor que hay de toda una comunidad”, afirmó la funcionaria al referirse a la necesidad de proteger a la población civil.
La Iglesia católica también expresó su disposición para acompañar cualquier esfuerzo orientado a preservar la vida y la integridad de las comunidades afectadas por el conflicto.
El obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave, aseguró que la defensa de la vida debe ser el principal propósito de cualquier iniciativa de diálogo o acercamiento entre los grupos armados.
A la propuesta se sumó igualmente la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Brigitta von Messling, jefa de la oficina regional en Cúcuta, destacó los esfuerzos que se realizan para aliviar la crisis humanitaria y expresó su respaldo a las acciones encaminadas a construir paz en el territorio.
Mientras la violencia continúa afectando a miles de habitantes del Catatumbo, los promotores de esta mesa esperan que el escenario se convierta en un primer paso para alcanzar compromisos humanitarios que permitan reducir el impacto de la guerra y devolverles tranquilidad a las comunidades de la región.
