Diez meses después del inicio de la emergencia humanitaria más grave que ha vivido Colombia en tres décadas, el Catatumbo continúa sumido en una espiral de violencia y abandono. Los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias del Frente 33 de las Farc mantienen a decenas de comunidades rurales bajo confinamiento y desplazamiento forzado.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el 16 de enero y el 30 de septiembre de 2025, más de 86.000 personas resultaron afectadas por el conflicto; de ellas, el 95% ha debido huir o permanece encerrada en sus veredas, sin acceso a servicios básicos. Tibú, El Tarra y Hacarí concentran los mayores impactos.

A la escalada de combates se suma el uso de minas antipersonal y drones con explosivos, con 30 incidentes reportados que han dejado heridos, muertos y temor generalizado. La Unidad para las Víctimas ha recibido al menos 42 declaraciones por estos hechos, mientras que la atención médica y educativa es casi inexistente en vastas zonas del territorio.

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“La emergencia en el Catatumbo exige una respuesta integral, sostenida y con enfoque diferencial. No basta con atender la urgencia: hay que recuperar el territorio y garantizar la presencia efectiva del Estado”, afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante una audiencia pública ante la Corte Constitucional.

La entidad de derechos humanos advirtió que nuevos grupos armados, como el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), estarían intentando ingresar por el sur del Cesar, lo que podría agravar la crisis. Por ello, emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, que insta al Gobierno a aplicar con urgencia 20 recomendaciones de protección y respuesta rápida.

En Tibú, la situación es crítica. La intensificación de los combates entre el Eln y las disidencias ha generado graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Defensoría recordó que ya había advertido esta crisis en la Alerta Temprana 026 de 2024, cuando alertó del riesgo de ruptura del cese al fuego y de expansión del Frente 33.

El pueblo indígena Barí enfrenta una de las peores consecuencias del conflicto: confinamiento prolongado, pérdida de territorio ancestral y presencia de actores armados en sus resguardos. “Se rompe el tejido comunitario y se amenaza su pervivencia”, denunció Marín.

También persiste la violencia contra los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes son víctimas de estigmatización, amenazas y ataques. En lo corrido del año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha documentado 6 homicidios, 6 desapariciones, 27 casos de confinamiento y 155 desplazamientos forzados.

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Las mujeres, niñas y adolescentes viven los efectos más desproporcionados de esta guerra. Solo entre enero y septiembre, 299 personas denunciaron violencia sexual y 64 menores fueron reclutados por grupos armados, según la Unidad para las Víctimas.

La Defensora alertó que la violencia de género se intensifica donde el Estado no tiene presencia efectiva: “La ausencia institucional y la impunidad perpetúan el miedo”, sostuvo.

A pesar de los esfuerzos de algunas entidades, la respuesta humanitaria sigue siendo insuficiente. La desarticulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) ha debilitado la capacidad del Estado para atender las emergencias con sostenibilidad.

La Defensoría pidió al Gobierno implementar una Ruta de Transición y Estabilización que permita pasar de la atención inmediata al retorno seguro y la integración local. También exigió la continuidad de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), adaptados a las actuales condiciones de seguridad.

“Se necesita liderazgo del Gobierno, control territorial de la Fuerza Pública y coherencia entre seguridad, justicia social y construcción de paz. Cuando el Estado llega tarde, la violencia ya ha tomado decisiones por él. Aún estamos a tiempo”, concluyó la defensora Iris Marín.