El megaproyecto de infraestructura vial más ambicioso del área metropolitana de Bucaramanga ha dado un paso definitivo, tras un riguroso análisis la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, aprobó la licencia ambiental para la construcción del Anillo Vial Externo.
Este martes el director de la entidad ambiental, Juan Carlos Reyes, informó que mediante la Resolución 1121 del 31 de agosto de 2026, la autoridad ambiental aprobó la licencia necesaria para ejecutar las obras.
La decisión, que otorga vía libre al proyecto por su vida útil —abarcando fases de construcción, montaje, desmantelamiento y restauración final—, impone un estricto esquema de vigilancia.
El contratista deberá presentar periódicamente Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y acatar directrices rigurosas, como evitar descargas sobre cuerpos hídricos para blindar los recursos naturales regionales.
No obstante, la firma de esta resolución representa mucho más que un trámite técnico: es también el desenlace de un áspero «choque de trenes» entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el director de la corporación ambiental.
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#EnDesarrollo | El director de la @CARCDMB, Juan Carlos Reyes, entregó detalles de la licencia ambiental que fue aprobada para la construcción del Anillo Vial Externo Metropolitano.
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) September 2, 2026
Con esta autorización de la autoridad ambiental se podrá avanzar en el proyecto de… pic.twitter.com/mxrjfb9X5N
Megaobra rediseñada
El Anillo Vial Externo nació bajo cuestionamientos de improvisación al final de la administración del exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Adjudicado con un presupuesto inicial de casi 345.000 millones de pesos, acumuló de inmediato fallas de planeación, líos prediales y críticas por proponer un trazado de calzada sencilla insuficiente para la demanda metropolitana.
Tras 39 meses de su acta de inicio, la obra registraba un exiguo avance físico del 12.5 %, limitado a sectores que no requerían licencia ambiental.
Para desenredar el proyecto, la gobernación de Juvenal Díaz y el Consorcio Intervial Metropolitano (interventoría) tuvieron que replantear la estructuración. Técnicamente, la obra no será una ampliación, sino una variante completamente nueva y calificada de alta especificación técnica.
Este rediseño disparó los costos de adquisición predial. Inicialmente se proyectaba intervenir 220 predios, pero los nuevos linderos arrojaron que solo para el tramo de 17 kilómetros entre Chocoita y «El Bwey» se requiere adquirir 268 predios. Con estas variaciones, el costo del contrato de obra —en manos del Consorcio Progreso Metropolitano, ligado al contratista Emilio Tapia— pasó de 344.883 millones iniciales a superar los 580.000 millones de pesos; un incremento del 68 %.
CONTEXTO:
- Pulso de poder en la CDMB por licencia ambiental para el Anillo Vial Externo Metropolitano
- Los líos del contratista del Anillo Vial Externo Metropolitano
- ¿Yo con yo? La estrecha relación entre interventor y constructor del Anillo Vial Externo
El pulso político en el Consejo Directivo de la CDMB
El retraso en el licenciamiento llevó la paciencia del gobernador Díaz al límite. En agosto, el mandatario sentenció: «Si niegan la licencia, se acabó el Anillo Vial Externo Metropolitano», evidenciando que el proyecto pendía de un hilo político.
La urgencia de la Gobernación desató un fuerte rechazo en el Consejo Directivo de la CDMB. El primer choque ocurrió el 24 de julio, cuando Magda Milena Ocaña, delegada del gobernador, propuso un «seguimiento a la aprobación» de la licencia en la agenda del Consejo.
La proposición fue rechazada por consejeros como Erwing Rodríguez-Salah (delegado presidencial), representantes de ONG y del sector privado, quienes consideraron que la Gobernación pretendía coadministrar e incidir de forma indebida en decisiones técnicas autónomas.
Díaz contraatacó convocando a una Sesión Extraordinaria para el 3 de agosto con el único fin de exigir un informe sobre la licencia. Los consejeros respondieron con un «plantón» unánime: nadie asistió al salón Santurbán, dejando a la delegada sola. En represalia, el gobernador denunció disciplinariamente a los diez consejeros ante la Procuradora Regional de Santander, Magda Liliana Buendía, acusándolos de frenar un proyecto estratégico.
Algunos consejeros tildaron la acción de «estrategia de intimidación«. En la sesión del 21 de agosto, los delegados del Gobierno nacional insistieron en que era «impresentable» que la Gobernación buscara presionar el licenciamiento de una obra ejecutada por ella misma, señalando un posible conflicto de intereses. En ese tenso encuentro, la CDMB se limitó a presentar una exposición informativa, aclarando que la licencia seguía en evaluación.
Con la licencia ambiental firmada bajo la Resolución 1121, la Gobernación de Santander ahora podrá viabilizar recursos y acelerar las obras.
El proyecto contempla pavimentar un tramo de 14 a 16 kilómetros con los fondos disponibles y una adición presupuestal que espera negociar con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, estimando una inversión de 630.000 millones de pesos. El Anillo Vial Externo sale de su parálisis jurídica, pero las tensiones por la autonomía ambiental tardarán en disiparse.
