Una grave denuncia por la supuesta falta de entrega de un medicamento esencial para una menor trasplantada en Santander encendió la polémica entre la familia de la paciente, residenciada en Piedecuesta, y la empresa dispensadora Offimedicas, en medio de versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

El caso se conoció luego de que Lisbeth Jaimes, madre de una niña de 12 años, publicara en redes sociales videos en los que asegura que durante más de un mes y medio no recibió el medicamento Tacrolimus 1 mg, indispensable para evitar el rechazo del hígado trasplantado a su hija hace cuatro años.

Según el relato de la mujer, en reiteradas ocasiones acudieron al dispensario sin éxito. “Nos decían que no había medicamento, que no tenían cómo entregarlo”, afirmó, al advertir que la menor requiere una dosis diaria de cuatro miligramos para prevenir complicaciones graves.

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La madre sostiene que solo tras la presión pública y la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud se logró la entrega del fármaco, que incluso fue enviado hasta su vivienda horas después de la denuncia.

El caso generó reacciones a nivel nacional, luego de que el superintendente Daniel Quintero se pronunciara públicamente y anunciara investigaciones contra la EPS y la dispensadora, además de proponer mecanismos de emergencia para garantizar el acceso a medicamentos.

Sin embargo, la versión de Offimedicas difiere. A través de un comunicado, la empresa aseguró que no ha existido negación del servicio y que el medicamento ha sido entregado de manera oportuna desde 2024, incluso el mismo día de la radicación de las fórmulas médicas.

La compañía presentó registros de dispensación con los que, afirma, se demuestra la continuidad del tratamiento, y cuestionó las declaraciones del superintendente, señalando que han generado desinformación que afecta su reputación.

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No obstante, Offimedicas reconoció que pueden presentarse episodios de desabastecimiento, atribuyéndolos a problemas estructurales del sistema de salud, como las deudas de las EPS. En ese sentido, indicó que la Nueva EPS mantiene obligaciones superiores a los 54 mil millones de pesos.

La explicación coincide parcialmente con lo señalado por la familia, que asegura haber recibido información sobre dificultades contractuales y falta de suministro en el dispensario.

Pese a las versiones oficiales, la controversia continúa, ya que la madre denunció que al intentar reclamar nuevamente el medicamento correspondiente a mayo, le informaron que no había disponibilidad, lo que mantiene en alerta a la familia y reabre el debate sobre el acceso oportuno a tratamientos vitales en el país.