La Fiscalía General de la Nación informó que cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y un excontratista investigados por el sonado caso conocido como Vitalogic, serán condenados.

Un exgerente de la entidad y varios directivos fueron los cobijados en la condena por las irregularidades en la celebración de un contrato de consultoría para la estructuración de un multimillonario contrato que buscaba cambiar la tecnología de disposición de basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

El juez del caso valoró y aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía y en las últimas horas profirió sentido de fallo condenatorio contra los cinco implicados.

Nota de contexto: Caso Vitalogic: terminó el juicio contra seis implicados tras condena a Rodolfo Hernández

Se trata del exgerente de la Emab, José Manuel Barrera; el exjefe de Disposición Final, Rubén Enrique Amaya Vanegas; el exjefe de la Sección Jurídica, César Augusto Fontecha Rincón; el exsubgerente Técnico Operativo, Abelardo Durán Leyva; y el ex subgerente administrativo y Financiero, Abigail León Nieves.

El excontratista Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien fue el encargado de estructurar el contrato que finalmente la entidad no logró adjudicar a la empresa Vitalogic, también será condenado.

En este proceso ya había sido condenado el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández a una pena de 64 meses de cárcel, culpable del delito de celebración indebida de contratos.

Durante el proceso la Fiscalía demostró que estas personas estuvieron comprometidas en las irregularidades detectadas en la celebración del contrato de consultoría 096 de 2016 cuyo objeto era implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario, cuyo valor alcanzaría los 336 millones de pesos.

Los procesados fueron encontraros responsables de delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, que les fueron imputados.

Más de seis años de juicio

Seis años después de iniciado el proceso judicial, el Juzgado Once Penal con Función de Conocimiento del Circuito de Bucaramanga definió la situación de varios exfuncionarios y contratistas de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, implicados en el caso conocido mediáticamente como Vitalogic, sonado escándalo de corrupción que permeó la administración municipal en Bucaramanga, entonces gobernada por el alcalde Rodolfo Hernández Suárez.

Aunque en junio del 2024 un juez condenó al exmandatario Hernández a una pena de 64 meses de cárcel al hallarlo culpable del delito de celebración indebida de contratos, el caso Vitalogic continuó en los estrados judiciales para los demás vinculados y en las próximas semanas se espera que el juez de a conocer el sentido de la sentencia para seis exfuncionarios y particulares investigados.

METROPOLITANO revela en este informe los detalles de las últimas audiencias del caso, en las que se presentaron fuertes controversias entre la parte acusadora y los defensores de los imputados, que se jugaron sus últimas cartas para convencer al juez de su inocencia.

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Según la sentencia contra el exalcalde Hernández, quien falleció el 2 de septiembre del año pasado, el mandatario, aprovechando su condición como presidente de la Junta Directiva de la Emab, lideró una estructura criminal con el propósito de direccionar el contrato de consultoría con el que se realizarían los estudios y diseños para la implementación de una nueva tecnología en el relleno sanitario El Carrasco.

Todo lo anterior avanzó de tal manera que el proceso estuvo a punto de adjudicarse a la firma Vitalogic, pero falencias en la presentación de los documentos y múltiples denuncias en ese momento frustraron la adjudicación del multimillonario contrato.

En el proceso judicial se comprobó la falsificación de propuestas y alteración de las condiciones de la invitación privada, que terminó en un pliego ‘sastre’ con el que se pretendió de manera irregular la contratación de quien haría la estructuración del proyecto, el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala. 

La Fiscalía acusó al entonces alcalde Rodolfo Hernández, a José Manuel Barrera, exgerente de la empresa de aseo, a César Fontecha, exjefe jurídico de la entidad, Rubén Enrique Amaya Vanegas, jefe de Disposición Final; Abelardo Durán Leiva, subgerente Técnico y Operativo y a Abigail León Nieves, exgerente de la Emab, quienes de manera directa o indirecta habrían tenido participación en el direccionamiento del contrato de consultoría 096 de 2016, que tuvo un presupuesto de más de $344 millones, y que terminó adjudicado al contratista Jorge Hernán Alarcón.

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Mientras el fiscal del caso y los representantes de las víctimas pidieron condenar a todos los implicados, la Procuraduría pidió la absolución de dos de los procesados, Abigail León y Abelardo Durán.

Por otra parte, los defensores de los exfuncionarios y contratistas de la Emab pidieron la preclusión de la acción penal argumentando inconsistencias en los alegatos y planteamientos presuntamente infundados de la Fiscalía en contra de los procesados. 

METROPOLITANO tuvo acceso a los alegatos de conclusión de las partes, instancia final del extenso proceso penal, que se caracterizó por el continúo cambio de fiscales y jueces, y en los que se escucharon cuestionamientos a la exposición final del fiscal del caso, Giovanny Torres Villamizar, quien, según los acusados, se dedicó a leer la condena a Rodolfo Hernández sin tener en cuenta las características del actual proceso. 

Tras los alegatos finales de las partes el juez Once Penal de Conocimiento dio a conocer el sentido del fallo del proceso contra los seis implicados, señalados de direccionar el contrato de consultoría 096, con el que se contrató al estructurador del pliego para adjudicar el contrato por más de $300 millones de dólares a favor de Vitalogic RSU. 

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Una estructura para direccionar 

Según la investigación de la Fiscalía, en la vigencia 2016 los seis implicados habrían conformado una estructura que transgredió los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación pública en la Emab, con el objetivo de direccionar el contrato de consultoría 096 a favor del ingeniero Jorge Hernán Alarcón, a quien el entonces alcalde Hernández se refirió como ‘la calavera’.

Para sustentar su hipótesis, el fiscal del caso puso de presente el testimonio del exgerente de la Emab, José Manuel Barrera, quien se acogió a un Principio de Oportunidad para no ser judicializado por dos de los tres delitos que le endilgó la Fiscalía, a cambio de colaborar eficazmente en la investigación. 

En su testimonio Barrera confesó haber participado en el direccionamiento del contrato de consultoría atendiendo órdenes del entonces alcalde Rodolfo Hernández, impartidas en una reunión privada en la que habrían participado César Fontecha y Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Los implicados en el caso Vitalogic fueron acusados así:

En su colaboración con la justicia José Manuel Barrera aportó una serie de correos electrónicos en los que quedaría en evidencia cómo de manera anticipada Jorge Alarcón ya conocía de las condiciones del proceso de invitación para la consultoría.

“Se presentaron conversaciones previas y simultáneas al proceso de selección entre José Manuel Barrera Arias, Jorge Alarcón Ayala y César Fontecha Rincón con observaciones del acusado Rubén Amaya Vanegas, que dan cuenta de la modificación ilegal de las condiciones de participación del contratista que fue elegido. También se prueba que las mismas efectivamente se consignaron en el proceso contractual”, manifestó el fiscal del caso durante las audiencias. 

Además, los correos electrónicos también demostrarían que existió alteración durante el periodo de fijación del aviso de la convocatoria privada para las propuestas, especialmente en lo correspondiente a los plazos del proceso de selección, restringiendo la participación de otros oferentes al simular la publicidad de la misma.

“Igual se probó que en los días 21, 22 y 24 de julio 2016 durante el periodo de fijación y desfijación de la solicitud previa de ofertas, la solicitud fue intercambiada entre los acusados José Manuel Barrera, Jorge Alarcón y César Fontecha con observaciones sugeridas por el propio contratista Jorge Alarcón para ajustarlo a su propuesta. Y si bien es cierto, no se intercambió el documento informe de oportunidad y conveniencia, ese también debía ser modificado y así apareció modificado en el proceso contractual recopilado. Entonces, se acredita más allá de toda duda razonable que la elección de Jorge Alarcón como contratista no fue transparente y careció de publicidad”, señaló la Fiscalía en la acusación.

En los bloques de correos también aparecen como remitentes Matilde Rueda Almeida, secretaria de Rodolfo Hernández, y Luis Carlos Hernández, hijo del exmandatario local, sin embargo, ellos dos no fueron vinculados al caso.

La terna falsa

Aunque en el proceso de contratación de la consultoría que iba a estructurar el proyecto para la implementación de la nueva tecnología para el manejo de las basuras, aperturado por la Emab en 2016, se presentaron tres hojas de vida de ingenieros interesados, la Fiscalía comprobó que dos fueron ofertas adulteradas.

Para comprobarlo el ente acusador presentó al juez los testimonios del ingeniero mecánico Álvaro Gutiérrez y el ingeniero civil Arturo Vargas, quienes confirmaron que no presentaron ninguna propuesta para ejecutar el contrato de asesoría con la Emab.

“La propuesta no fue presentada por mí, yo no la hice, los anexos sí son de mi hoja de vida. Yo conozco a Hernán Alarcón hace como 20 años porque hemos coincidido en varias empresas como empleados, pero actualmente no tenemos ninguna relación. Los anexos que están en las propuestas sí son míos porqué Hernán Alarcón en 2016 me dijo que había la posibilidad de un trabajo y me pidió mi hoja de vida, yo se la envié y ahora veo mis documentos en esta propuesta falsa”, señaló Álvaro Gutiérrez en su declaración.

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Por su parte, el ingeniero Arturo Vargas, además de denunciar que no participó en ningún proceso contractual de la Emab para desarrollar asesorías y consultorías sobre el manejo de residuos sólidos con nuevas tecnologías, advirtió ante el juez que su firma había sido adulterada.

“Esos documentos son de mi antigua hoja de vida, no sé cómo llegaron a ese proceso porque nunca tuve conocimiento de él. La firma en esa propuesta es falsa, no es la mía. Yo conozco al señor Jorge Alarcón desde hace más de diez años porque fue mi jefe, pero recientemente no he tenido contacto con él”, testificó Vargas.

Además, la Fiscalía a través de estudios grafológicos confirmó que las firmas de los ingenieros Gutiérrez y Vargas fueron falsificadas.

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Los argumentos de la defensa

Tras la intervención del fiscal del caso en la audiencia de alegatos finales, que se extendió por hora y media, los abogados defensores también presentaron sus argumentos para refutar la acusación. 

Aunque cada defensor expuso argumentos específicos según los delitos y la responsabilidad que endilgan a sus apoderados, varios coincidieron en que en este caso no se pueden imputar delitos contra la administración pública ya que la Emab es una empresa de economía mixta, que se rige bajo el régimen privado, y no por la Ley 80 o Estatuto de la Contratación Pública.

Además, los litigantes cuestionaron los argumentos del fiscal del caso en los alegatos finales, poniendo de presente que en su intervención se dedicó a leer el resumen del proceso penal en contra del exalcalde Rodolfo Hernández, quien fue condenado por estos mismos hechos en junio del año pasado.

“Las alegaciones del señor fiscal correspondieron a los alegatos que se presentaron en el proceso contra Rodolfo Hernández, aquí no había un abogado Jorge Ruiz, aquí el contrainterrogatorio no lo practicó un abogado Jorge Ruiz, aquí el señor José Manuel Barrera no habló de la fase dos del contrato, y en eso perdimos más de una hora, escuchando la transcripción del proceso de Rodolfo Hernández que se llevó por cuerda diferente, por eso solicito respetuosamente que se anulen las transcripciones de esos momentos sucedidos allá que no fue lo que sucedió acá”, aseguró el abogado Carlos Ortiz, defensor de César Fontecha, Rubén Amaya, y Abelardo Durán.

En el mismo sentido, el abogado Carlos Ortiz desestimó el testimonio entregado por el exgerente de la Emab, José Manuel Barrera, como parte del Principio de Oportunidad que obtuvo por la Fiscalía. Para el defensor los correos presentados por Barrera como supuesta prueba de la participación de César Fontecha en las irregularidades están descontextualizados y no tienen validez probatoria.

“Aquí se leyeron una serie de correos con los cuales se pretende hacer ver todos como si fueran una misma cosa, como si desde el momento cero al momento final todos estuvieran confabulados y tendientes a convertir un contrato espurio. La Fiscalía trajo esa prueba y en contrainterrogatorio esta defensa precisamente hizo varias preguntas, pero como la Fiscalía leyó otra transcripción no las tuvo en cuenta”, dijo Ortiz.

El apoderado de César Fontecha insistió en que el exgerente de la Emab mintió con respecto a la supuesta reunión privada que habría ocurrido entre su defendido, Jorge Alarcón y Rodolfo Hernández, en el apartamento de este último, para direccionar el contrato de asesoría a favor de Alarcón.

Barrera, con delito único      

A su turno, el abogado Henry Zapata, defensor de José Manuel Barrera aseguró que el delito que le endilgó la Fiscalía al exgerente de la Emab adolece de eficiencia estructural, lo que impide la configuración del tipo penal por el que está siendo juzgado.

“La Fiscalía estructuró su caso sobre un error fundamental y es la errónea aplicación del régimen especial de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab ESP, lo que contamina toda la estructura de su argumentación y anula la validez de la acusación, con una consecuencia, la atipicidad de su comportamiento”, argumentó Henry Zapata, apoderado judicial de José Manuel Barrera.

Barrera fue llamado a juicio únicamente por el delito de celebración de contratos sin requisitos legales, ya que los otros dos delitos: falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos fueron anulados como parte del Principio de Oportunidad que obtuvo con la Fiscalía.

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La ‘calavera’ guardó silencio

En la parte final del proceso la abogada Yuli López, apoderada de Jorge Hernán Alarcón, negó que su defendido hubiera actuado violando la ley para lograr el direccionamiento del contrato de consultoría en la Emab. 

Según la defensora, su representado legal no direccionó ni manipuló el perfil de la convocatoria como lo manifestó la Fiscalía.

“En ningún momento podemos negar el interés de Jorge Hernán Alarcón Ayala, estaba interesado en que se le adjudicara, pero no indebidamente, es lo que no estamos de acuerdo, y no se pudo probar. Por el contrario, sí probamos que el interés era legítimo, que era un interés incluso inducido en error en algunas actuaciones que desplegó pero que por supuesto sin interés indebido”, manifestó la abogada López.

Durante las audiencias finales Alarcón guardó silencio y no quiso dar su testimonio, por lo que no respondió a los señalamientos de presunta adulteración de las otras dos propuestas o los detalles de su alojamiento en un apartamento propiedad de Rodolfo Hernández en pleno proceso licitatorio de la convocatoria de la Emab

Finalmente, Dilmar Ortiz, defensor de Abigail León, exgerente de la Emab, pidió la absolución de su apoderada al considerar que la Fiscalía no pudo demostrar, sin lugar a dudas, que la exgerente haya tenido participación activa en el direccionamiento del contrato de consultoría más allá que realizar su trabajo como integrante del comité evaluador de dicho proceso.