Colombia atraviesa uno de los comienzos de año más críticos en materia de violencia, ya que entre enero y abril de 2026 se han registrado 48 masacres que dejan al menos 229 víctimas, una cifra que marca el periodo más violento desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Uno de los hechos más graves ocurrió en el departamento del Cauca, donde la detonación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana destruyó un bus intermunicipal.
Este ataque dejó cerca de 20 personas muertas y al menos 36 heridas, convirtiéndose en la masacre de civiles más letal registrada en más de diez años.
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De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se considera masacre todo hecho en el que tres o más personas son asesinadas en un mismo evento. Sin embargo, el director de esta misma ONG, Leonardo González, advierte que las comparaciones históricas deben analizarse con cautela debido a cambios en los criterios de medición a lo largo del tiempo.
El análisis de la última década muestra que la violencia no responde a episodios aislados, sino a una dinámica estructural. Entre 2016 y 2019, los niveles de masacres fueron relativamente bajos, con cifras anuales que oscilaron entre 33 y 51 casos. No obstante, en 2020 se produjo un quiebre, con un incremento sostenido que llevó el total a 91 masacres ese año.
La crisis se profundizó entre 2021 y 2022, considerados los años más críticos, con 96 y 94 masacres respectivamente. Este periodo coincidió con la expansión de distintos grupos armados en regiones estratégicas del país, incluyendo el suroccidente, el Catatumbo y la zona norte.
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En los años recientes, aunque se registró una leve disminución, la tendencia se mantuvo alta. En 2023 se contabilizaron 94 masacres, cifra que descendió a 76 en 2024 y volvió a subir a 78 en 2025. Sin embargo, el comportamiento de 2026 vuelve a encender las alertas: solo en marzo se reportaron 14 masacres, el número más alto para ese mes en toda la década.
Según González, el repunte de la violencia está relacionado con una crisis en la política de paz, donde las dificultades en los procesos de negociación generan reacciones violentas por parte de los grupos armados. Estos actores utilizan ataques contra la población civil como mecanismo de presión contra el Estado.
Además, las masacres responden a lógicas de control territorial y social. Entre sus objetivos se identifican prácticas de castigo, limpieza social, ajustes de cuentas y la imposición de normas en territorios donde operan estructuras ilegales vinculadas a economías ilícitas.
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El contexto político también ha influido en el panorama. La escalada de violencia coincide con el desarrollo de la campaña presidencial para las elecciones del 31 de mayo, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en varias regiones del país.
Algunas zonas concentran mayores niveles de riesgo. En el Cauca, la presencia de cultivos ilícitos, tensiones territoriales y disputas entre grupos armados han mantenido la región en un estado de alta volatilidad. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC a inicios de 2025 dejaron más de 80 muertos y provocaron el desplazamiento de cerca de 100.000 personas, uno de los mayores episodios de este tipo en la historia reciente del país.
En ese sentido, los analistas advierten que, más allá de los procesos de diálogo, el Estado mantiene la obligación de garantizar el control territorial y la protección de la población civil en todo momento.
