En medio de un contexto de creciente tensión por decisiones ambientales impuestas desde el Gobierno Nacional, líderes comunales de la provincia de Soto Norte alzaron su voz, una vez más, por la declaratoria de la zona de reserva temporal que el Ministerio de Ambiente declaró en una zona del páramo de Santurbán.
Durante el II Encuentro de Organismos de Acción Comunal realizado en California (Santander), representantes de juntas comunales de Charta, Matanza, Suratá, Tona, Vetas y California rechazaron la declaratoria en sus municipios, medida que, aseguran, fue adoptada sin participación ciudadana.
Los asistentes coincidieron en que las comunidades que habitan la alta montaña han sido históricamente las verdaderas protectoras del agua y del páramo, y que su forma de vida, ligada a la minería tradicional, la agricultura y el turismo, está hoy en riesgo por normas impuestas desde Bogotá.
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«Nos están desplazando de nuestras tierras con decisiones técnicas y arbitrarias. No necesitamos más normas para cuidar el agua: nosotros hemos garantizado históricamente el abastecimiento de Bucaramanga”, afirmaron los voceros comunales, quienes cuestionaron la legalidad y legitimidad del proceso mediante el cual se adoptó la zona de reserva temporal en apenas 91 días, sin diálogo ni consulta previa con las comunidades directamente afectadas.
Los líderes señalaron que tanto el Ministerio de Ambiente como el de Agricultura han desatendido principios como la autodeterminación de los pueblos, reconocida por Naciones Unidas, y el derecho constitucional a un ambiente sano con participación activa de las comunidades. «Estas imposiciones amenazan nuestra economía local, nos privan del derecho al trabajo, a la propiedad y a la soberanía alimentaria«, denunciaron.
También hicieron un llamado a instituciones, universidades y empresas para construir conjuntamente una propuesta integral de desarrollo que garantice la seguridad hídrica sin sacrificar el sustento de las más de 30.000 personas que habitan la provincia.
«Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la naturaleza y el territorio. No aceptamos ser excluidos de las decisiones que determinan nuestro futuro”, concluyeron los representantes comunales en su declaración conjunta.
Ambientalistas defienden la zona de reserva
El debate sobre la protección del páramo de Santurbán se reavivó hace tres meses tras la petición del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, de suspender la creación de una zona de reserva temporal en este ecosistema estratégico. La solicitud, enviada a la entonces ministra de Ambiente saliente, Susana Muhamad, generó el rechazo del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que calificó la acción como una amenaza para la conservación ambiental.
En su carta, el gobernador argumentó que la medida podría afectar la agricultura y la economía de los municipios de la provincia de Soto Norte, razón por la cual pidió evaluar su viabilidad. Sin embargo, Mayerly López, vocera del Comité, cuestionó duramente la solicitud, considerándola una «desfachatez» que pone en riesgo la protección del páramo.
El tema ha generado un fuerte debate entre sectores políticos, ambientalistas y comunidades locales. El Ministerio ha insistido en que el proyecto de resolución de la zona de reserva temporal en Santurbán es para proteger el agua con la preservación de más de 70 mil hectáreas.
Efectos: esta resolución tendrá una duración de 2 años y es temporal. se soporta bajo el principio de precaución, para proteger las cuencas de los ríos alto Lebrija y Cáchira Sur, así proteger la biodiversidad y la regulación hídrica que garantiza el suministro de agua potable para más de un millón 300 mil personas de Bucaramanga, su área metropolitana y de los 7 municipios que constituyen el área. Previniendo daños irreversibles.
Se ha aclarado que no afecta la agricultura, la ganadería, la infraestructura, ni las licencias de construcción, actividades que continúan bajo las disposiciones del ordenamiento territorial y vigilancia de la autoridad competente.
Reconoce la tradición minera de los municipios de Vetas, California y Suratá y garantiza la continuidad de procesos de formalización que se vienen adelantando con los pequeños mineros tradicionales en formalización.
No afecta, no frena, las actividades mineras que cuentan con título minero e instrumento minero y ambiental vigentes.
