La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia calificó como un “esquema de negociación criminal” los acuerdos ilícitos entre varios parlamentarios de distintas bancadas y miembros del Ejecutivo del gobierno de Gustavo Petro, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) como pieza clave.

Aunque el caso estalló en febrero de 2024, tras la denuncia sobre la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a La Guajira, nuevas pruebas indicarían que la trama es más amplia y compromete a figuras de primer nivel. Según el alto tribunal, seis miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIDP) pactaron dádivas a cambio de aprobar operaciones de crédito público del Gobierno.

Los congresistas procesados por cohecho impropio son los representantes Wadith Manzur (Conservador), Karen Manrique (Curul de paz), Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) y Julián Peinado (Liberal), además de los senadores Liliana Bitar (Conservador) y Juan Pablo Gallo (Liberal), según un informe de la Unidad Investigativa de El Tiempo.

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La investigación también salpica a altos funcionarios: el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el exministro de Hacienda, Diego Guevara; su antecesor, Ricardo Bonilla; la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exministro de las TIC y aspirante presidencial, Mauricio Lizcano.

Chats, videos y testimonios —entre ellos los de María Alejandra Benavides Soto, exasesora de Bonilla— revelarían cómo se negociaban votos en el Congreso a cambio de aprobar créditos y asegurar millonarios proyectos en las regiones. En uno de los mensajes, Benavides reporta a Bonilla desde Emiratos Árabes, durante la COP28, que ya había acuerdo para que un grupo de legisladores votara favorablemente, siempre que sus iniciativas recibieran financiación de la Ungrd.

La Corte documentó además reuniones entre ministros, asesores y congresistas donde se acordaban las condiciones para el apoyo parlamentario. Aunque, por ahora, no se dictarán medidas de aseguramiento, el caso sigue en curso y amenaza con convertirse en uno de los mayores golpes a la imagen del gobierno Petro.

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Procuraduría confirmó destitución

En fallo de segunda instancia la Procuraduría General de la Nación, confirmó la sanción con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez; y de 20 años al exsubdirector de Manejo de Desastres, el santandereano Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques, que serían destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.

La entidad confirmó también, la destitución e inhabilidad general por 10 años, al exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien rubricó la ratificación de orden de proveeduría para facilitar que la fiduciaria la Previsora, efectuara el pago al contratista, participando así en la actividad contractual que produjo detrimento del patrimonio público. Su comportamiento irregular se calificó como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental de sus deberes como exdirector general de la UNGRD.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, encontró probado que conforme al primer cargo proferido, López Martínez y Pinilla, participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos por los que se pagaron sobrecostos que superaron los $16 mil millones, que equivalieron a más del 54 % con respecto a los precios reales del mercado y de más de $ 412 millones por cada uno de los carrotanques.  

El ente de control destacó que en el caso de Olmedo López, se confirmó su participación en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista.

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En el caso de Sneyder Pinilla, ratificó que también participó en la gestión del negocio jurídico suscrito para la compra de los vehículos y omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas, superaban ampliamente el precio real del mercado y avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos.

La Procuraduría sostuvo que con respecto al segundo cargo formulado contra el subdirector Pinilla, este  certificó haber recibido a satisfacción los 40 vehículos adquiridos, sin que el contratista ejecutara a cabalidad el bilateral, ya que los mismos no fueron utilizados para los fines previstos; esto es, la respuesta humanitaria declarada mediante el Decreto 2113 de 2022, con el propósito de abastecer de agua a la comunidad de La Guajira.

En el fallo, la Procuraduría reiteró que con su comportamiento los disciplinados desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública; por lo que calificó de manera definitiva las conductas en que incurrieron, como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.

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Defensa de Pinilla denunció intento de soborno

Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla condenado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, denunció que tanto su defendido como él mismo están siendo víctimas de intentos de soborno para «entorpecer» el proceso penal.

En un nuevo comunicado a la opinión pública el abogado de Gustavo Moreno denunció estar siendo víctima de una serie de intimidaciones, presiones e intentos de soborno para que Sneyder Pinilla Álvarez no continúe colaborando con la justicia como testigo estrella en el entramado de corrupción de la Ungrd, el principal escándalo que salpica al gobierno de Gustavo Petro.

Según advierte Moreno, en los últimos días él y su defendido han sufrido una serie de ofrecimientos para que Sneyder Pinilla desista de continuar sirviendo como testigo en el proceso penal por el escándalo de la Ungrd y así obstruir la eficaz continuidad de la investigación penal, en contra de otros altos funcionarios implicados en estos actos de corrupción.

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«En el marco de mis funciones como defensor, y ante un contexto de intimidaciones, presiones e intentos de soborno para que mi defendido guardara silencio, participé activamente en una operación legal para documentar un acto ilícito dirigido a obstruir la justicia. Dicha actuación fue desarrollada en cumplimiento del deber ético y jurídico que me asiste como abogado defensor comprometido con la verdad«, se lee en comunicado.

La misiva del abogado Moreno se da poco días después de otro comunicado en el que advierte que Sneyder Pinilla habría recibido una oferta de $13 mil millones para que no continuara testificando ante los estrados judiciales en el marco de la investigación penal por el caso Ungrd.

Del mismo modo, Gustavo Moreno le pidió a las autoridades activar las medidas de protección para resguardar la seguridad de Sneyder Pinilla y para él.