En un giro inesperado en el truncado proceso de elección de contralor de Santander, la mesa directiva de la Asamblea departamental tomó una decisión con la que busca solucionar el problema de la larga interinidad en el importante cargo, pero que podría chocar en el mediano plazo con el proceso judicial que cursa en el Tribunal Administrativo de Santander que, justamente, tiene lo tiene suspendido.
El pasado 7 de septiembre fue expedida la Resolución 074 de 2026, mediante la cual la mesa directiva de la corporación declara la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 077 de 2025, que reglamentó la convocatoria pública para la elección del cargo para el período 2026-2029.
Con esta medida la Asamblea busca acelerar el proceso de elección del jefe del control fiscal regional, que está suspendido por una medida provisional del Tribunal en el marco de una demanda de nulidad simple.
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Según fuentes en la Asamblea, la decisión de declarar la pérdida de ejecutoriedad se tuvo que dictar debido a la medida cautelar de suspensión dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, lo que ha generado que el cargo del contralor haya estado en interinidad por más de ocho meses.
La mesa directiva intenta ponerle frenó al proceso para «asegurar el cumplimiento de las leyes colombianas y evitar acciones que carezcan de respaldo legal vigente».
En el mismo acto administrativo, la Asamblea establece que cualquier intento futuro por retomar la elección deberá considerarse como un procedimiento nuevo e independiente, garantizando así la transparencia institucional. Es decir, buscará iniciar un nuevo proceso de elección de contralor aunque no haya una decisión de fondo en el proceso que adelanta el tribunal.
Desistimiento sin fallo previo
Las directivas de la Asamblea aclararon que esta decisión no anula el proceso de selección, sino que reconoce la imposibilidad jurídica de continuar con las etapas del concurso mientras persista la orden judicial.
«Esta decisión se adopta con absoluto respeto por las actuaciones y decisiones del Tribunal Administrativo de Santander. No se está declarando la nulidad de la Resolución 077 de 2025 ni desconociendo la medida cautelar decretada por la jurisdicción; se está adoptando una decisión administrativa frente a las circunstancias jurídicas que actualmente impiden la continuación de ese proceso«, señaló la mesa directiva a través de un comunicado de prensa.
No obstante, la medida adoptada por la Asamblea, cuyo presidente actualmente es el diputado Hugo Cardozo (Centro Democrático), se da en medio de la demanda de nulidad que adelanta el Tribunal Administrativo de Santander y que, a pesar de haber dictado una medida cautelar que suspendió temporalmente el proceso, aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el caso.
METROPOLITANO consultó a un experto en la materia quien considera que con la declaratoria de la pérdida de ejecutoriedad la Asamblea termina reconociendo que la Resolución 077 de 2025, mediante la cual convocó el proceso de elección de contralor departamental para el periodo 2026 – 2029, está viciada legalmente. Todo esto, sin que el Tribunal se haya pronunciado al respecto.
«Es cierto que mientras la medida cautelar -la suspensión provisional de la Resolución 77 de 2025- este vigente, el proceso de elección del Contralor no puede avanzar. Ahora, como señalan en el numeral 7.11, no es del todo cierto que la declaratoria de pérdida de ejecutoria no comporta pronunciamiento sobre la validez o legalidad de la Resolución 77 de 2025. Y no lo es porque la suspensión provisional la decretan porque al confrontar el acto demando con las normas invocadas como violadas o del estudio de las pruebas se advierta la violación de la ley (CPACA, art. 231); de tal manera que la Asamblea está reconociendo, así digan que no, que la Resolución 77 de 2025 es ilegal«, señaló.
El punto clave de todo es que a pesar del desistimiento de la Asamblea para continuar con el proceso de elección de contralor, la demanda en el Tribunal sigue su curso.
Declarar la pérdida de ejecutoria hace que el acto administrativo no se pueda ejecutar; no implica un pronunciamiento sobre su existencia y validez. Sobre eso se va a pronunciar el Tribunal en la sentencia, por lo que el Tribunal no pierde competencia para declarar o no la nulidad de la resolución. La pregunta que surge entonces es ¿qué va a hacer la Asamblea cuando el Tribunal se pronuncie?
Sigue la interinidad
Mientras la Asamblea declara la pérdida de la ejecutoriedad y el Tribunal Administrativo aún no expide un fallo definitivo, la Contraloría departamental continúa siendo manejada en encargo por María Alejandra Ramírez, quien hace parte del círculo familiar del megacontratista regional Julián Serrano Gómez.
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Como lo contó METROPOLITANO en un informe especial, en la Contraloría departamental se habría presentado una especie de enroque de poder: el empresario Serrano puso sus fichas en el organismo de control regional y el excontralor Reynaldo Mateus al terminar su periodo dejaría posicionada a Ramírez para el encargo, recibiendo un empujón para llegar a la Contraloría de Floridablanca, municipio donde el megacontratista tiene influencia por su cercana relación con el alcalde José Fernando Sánchez.
A finales de 2025 el entonces contralor Reynaldo Mateus, a través de la Resolución 1010 del 23 de diciembre, nombró a María Alejandra Ramírez Ayala como contralora auxiliar de Santander en propiedad. Ramírez venía de fungir como funcionaria de la Personería de Floridablanca.
María Alejandra Ramírez es esposa de Óscar Julián Moreno Hernández, primo de Diana Carolina Sanabria Hernández, esposa de Julián Serrano.
Consultada en su momento, la contralora encargada negó que su llegada a la entidad haya sido por influencia o tenga que ver con su cercanía con Serrano, aseguró que fue escogida por su hoja vida y perfil profesional.
Aunque el proceso de nulidad simple del proceso de elección del contralor departamental para el periodo 2026-2029 está ad portas de una sentencia por parte del Tribunal, dicho fallo será en primera instancia por lo que la demanda podría ser apelada ante el Consejo de Estado, lo que significa que aún faltarían varios meses más para tener una sentencia judicial definitiva.
Mientras tanto la Contraloría continuará en interinidad.
