La Corte Suprema de Justicia impuso una condena al senador Ciro Ramírez de 23 años de prisión, tras hallarlo responsable de liderar un entramado de corrupción que direccionó de manera irregular millonarios contratos de obras públicas en diversos departamentos del país.

La Sala de Primera Instancia del alto tribunal determinó que el senador del Centro Democrático deberá cumplir una pena principal de 279 meses de cárcel, sumada a una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 280 meses.

Además de la privación de la libertad, el legislador fue sancionado con una multa de 19.402 salarios mínimos, cifra que, según el cálculo de la época de los hechos, asciende a la suma de 22.340 millones de pesos, los cuales deben ser consignados a favor del Ministerio de Justicia.

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Esta decisión judicial se fundamenta en la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación adelantada por la Corte Suprema se centró específicamente en hechos ocurridos durante el año 2021. Según el expediente, Ramírez Cortés sostuvo reuniones con el entonces gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial (Proyecta), Pablo Herrera, y el subdirector de Prosperidad Social de la época, Pierre García. El propósito de estos encuentros era gestionar la suscripción de contratos entre ambas entidades estatales con el objetivo de favorecer los intereses económicos y electorales del procesado.

El plan diseñado y promovido por el senador buscaba consolidar su proyecto político en las regiones de Quindío, Caldas, Tolima y Santander. Los documentos que confirman la sentencia advierten que este esquema delictivo estuvo vinculado al pago de dádivas y sobornos que alcanzarían los 1.000 millones de pesos.

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Por este mismo proceso, conocido como el caso ‘Marionetas 2.0‘, el congresista ya había permanecido recluido durante varios meses en el centro penitenciario La Picota, en el sur de Bogotá.

A pesar de la gravedad de los cargos, el caso tuvo un giro a mediados de 2025 cuando la Sala de Instrucción decidió acusar formalmente al congresista, pero permitiéndole recuperar su libertad provisional. En aquel momento, Ramírez regresó a su curul en el Senado de la República e incluso manifestó en plenaria: “Si estoy aquí parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia”.

No obstante, tras culminar el juicio en la Sala de Primera Instancia, el tribunal desestimó sus argumentos y procedió con la sentencia definitiva de 23 años de reclusión.