El exalcalde encargado de Ocaña, Wilmar Bayona Ibáñez, fue condenado a ocho años de prisión tras ser hallado culpable de irregularidades en un proceso de contratación relacionado con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado del municipio durante 2019.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron que el entonces mandatario utilizó de manera indebida la figura de la urgencia manifiesta para contratar directamente con una empresa encargada de operar estos servicios públicos.

Según la investigación, Bayona Ibáñez declaró la urgencia manifiesta sin que existieran las circunstancias excepcionales previstas en la ley para acudir a este mecanismo extraordinario, lo que permitió celebrar un contrato sin adelantar un proceso de licitación pública.

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El acuerdo suscrito tenía un valor de 720 millones de pesos mensuales, y, de acuerdo con el ente acusador, no había ninguna situación que justificara omitir el procedimiento ordinario de selección.

La Fiscalía sostuvo que la actuación del entonces alcalde vulneró principios esenciales de la contratación estatal, entre ellos la transparencia, la selección objetiva y la legalidad, al utilizar una herramienta excepcional sin el respaldo jurídico requerido. Con base en las evidencias recopiladas durante el proceso, el juez declaró responsable a Bayona Ibáñez por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla el pago de una multa equivalente a 99 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.

La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y aún puede ser apelada mediante los recursos previstos por la ley.