El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sanción por desacato impuesta contra el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, y el director de Tránsito y Transporte del municipio, Juan José Manrique Acero, por incumplir una orden judicial relacionada con la instalación de dispositivos auditivos en los semáforos para personas con discapacidad visual.

La decisión ratifica un auto del Juzgado Segundo Administrativo de San Gil, que concluyó que ambos funcionarios desatendieron las obligaciones fijadas en una sentencia de acción popular proferida en junio de 2023 y modificada en febrero de 2024, orientada a garantizar los derechos colectivos de las personas invidentes en el espacio público del municipio.

La sanción consiste en una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los funcionarios. El Tribunal precisó que el desacato no busca castigar por sí mismo, sino forzar el cumplimiento efectivo de la orden judicial que permanece sin ejecutarse desde hace más de un año.

Únase AQUÍ a nuestro WHATSAPP | TIK TOK | INSTAGRAM

Según el fallo, el alcalde debía realizar, en un plazo de seis meses desde la ejecutoria de la sentencia, un diagnóstico detallado sobre el flujo poblacional en el sector de la carrera 10 con calle 9 y calle 9 con carrera 9, identificando cuántas personas con discapacidad visual transitan por la zona. El despacho evidenció que dicho estudio no se materializó ni fue presentado oportunamente.

En el caso del director de Tránsito, el incumplimiento se relaciona con la falta de un cronograma claro y acciones concretas para la implementación de dispositivos auditivos en los semáforos del municipio, así como la ausencia de campañas de divulgación, políticas de seguimiento y jornadas de sensibilización vial ordenadas en la sentencia judicial.

El Tribunal concluyó que la actuación de la administración municipal fue mínima y tardía, manteniendo en el tiempo la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad visual. Aunque las órdenes judiciales ya superaron ampliamente los plazos fijados, el fallo reiteró que los funcionarios deben cumplirlas de manera inmediata, so pena de enfrentar nuevas sanciones más severas.