A menos de un mes de la transición presidencial, la posesión de Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo foco de controversia entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante. El debate gira en torno al lugar donde se realizará la ceremonia del próximo 7 de agosto, luego de que el presidente electo expresara su intención de asumir el cargo en una guarnición militar y no en Bogotá.
La discusión tomó fuerza después de que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) advirtiera al equipo de empalme que la normatividad vigente establece que la posesión presidencial debe efectuarse ante el Congreso de la República, cuya sede principal está en la capital del país. Según la comunicación oficial, cualquier modificación de ese escenario dependería exclusivamente de una decisión adoptada por el propio Legislativo.
Frente a esta posición, el equipo de De la Espriella elevó una consulta formal a la Secretaría General del Congreso para que defina si existe la facultad legal de trasladar temporalmente la sede del Parlamento y permitir que la posesión se realice en otro lugar del territorio nacional.
Las preguntas que deberá responder el Congreso
En la solicitud enviada al secretario del Senado, Diego Alejandro González, los representantes del mandatario electo pidieron precisar si el Congreso tiene la competencia para sesionar fuera de Bogotá y si esa atribución puede aplicarse específicamente para la ceremonia de posesión presidencial.
Además, solicitaron claridad sobre el quórum necesario para llevar a cabo el acto protocolario, un aspecto que cobra relevancia debido a la nueva composición política del Congreso que se instalará el próximo 20 de julio, donde la oposición tendrá una participación significativa.
La comunicación también busca establecer el procedimiento exacto que debería seguirse para autorizar un eventual traslado de la sede legislativa. Entre otros puntos, se pregunta quién puede presentar la propuesta, qué instancias deben estudiarla, qué mayorías se requieren para aprobarla y cuánto tiempo demandaría el trámite antes de la fecha prevista para la investidura presidencial.
Una decisión clave antes del 7 de agosto
El equipo del presidente electo solicitó que el concepto sea emitido con la mayor rapidez posible, teniendo en cuenta los tiempos limitados para definir la logística y los aspectos protocolarios de la ceremonia.
La respuesta del Congreso será determinante para resolver una controversia que ya se perfila como uno de los primeros desacuerdos institucionales entre el gobierno saliente y la nueva administración.
Mientras tanto, permanece abierta la incógnita sobre si Colombia tendrá una posesión presidencial fuera de Bogotá por primera vez en su historia reciente o si la ceremonia deberá realizarse bajo el esquema tradicional establecido por el ordenamiento jurídico.
