Un recorte de $10 billones en el proyecto de presupuesto nacional para 2026 permitió destrabar la discusión entre el Gobierno y las comisiones económicas del Congreso, evitando que el Ejecutivo recurriera a la polémica figura del “decretazo” para definir los recursos del próximo año.
La negociación, alcanzada tras intensas reuniones y presiones políticas, dejó el monto total en $546,9 billones, por debajo de los $556,9 billones que proponía el Ejecutivo inicialmente. Además, se eliminaron varios artículos que generaban resistencia en la oposición, especialmente aquellos que otorgaban mayores facultades fiscales al Gobierno.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó el clima de consenso alcanzado: “Hemos logrado un escenario de acuerdos y de consensos para avanzar en la discusión del presupuesto. El siguiente paso será la discusión de la reforma que esperamos llegar también a un consenso”.
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Entre los puntos más cuestionados estaba el artículo 85, que facultaba al Ejecutivo para modificar las vigencias futuras y ponía en riesgo proyectos de infraestructura. También salieron del texto artículos que permitían mover recursos del Fonpet hacia el Fomag y el pago de bonos pensionales, así como otros relacionados con gasto territorial y deuda pública.
La oposición advirtió que dejar el presupuesto en manos del Gobierno por decreto habría sido un golpe a la institucionalidad. “Es peor para el país pasar este presupuesto por decreto. Por eso acompañamos la ponencia alternativa, aunque no apoyaremos la reforma tributaria”, señaló el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático.
El acuerdo refleja una posición mayoritaria entre oposición e independientes, aunque algunos sectores como Cambio Radical expresaron reservas. Para varios congresistas, la eliminación de facultades extraordinarias al Ejecutivo es una victoria política frente a lo que habían llamado una “dictadura fiscal”.
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El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación del recorte y anunció que, en consecuencia, algunos puntos de su reforma tributaria se eliminarán. “Como la solicitud nueva de recursos disminuye en 10 billones de pesos, lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza”, afirmó.
Con este ajuste, el debate pasa ahora a las plenarias de Cámara y Senado, que deberán aprobar y conciliar el presupuesto antes del 20 de octubre. Allí se espera que resurjan las tensiones sobre el monto final y las fuentes de financiamiento, pues algunos sectores insisten en reducir aún más el déficit proyectado.
Para expertos y congresistas, el acuerdo alcanzado no solo desactiva la amenaza de un “decretazo”, sino que también abre la puerta a nuevas discusiones sobre el manejo de la deuda y la necesidad —o no— de una reforma tributaria en el corto plazo.
