El alcalde de Molagavita, Luis Arnulfo Ramírez, mantendrá su cargo tras una revisión en segunda instancia del Consejo de Estado, que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y negó la demanda de nulidad que buscaba anular su elección por presunta trashumancia electoral.
Ramírez, avalado por el Partido Conservador, fue elegido en los comicios locales del 29 de octubre de 2023 por un estrecho margen de apenas cinco votos. En un proceso electoral reñido, inicialmente había quedado en segundo lugar, pero tras el reconteo oficial de sufragios logró superar a su principal contendor.
La demanda, interpuesta por Nelson Alfredo Jaimes Camacho, solicitaba anular votos considerados irregulares y que fueran restados del cómputo general mediante la fórmula de distribución ponderada. Jaimes, quien aspiraba al cargo y quedó detrás de Ramírez, argumentó que varios sufragantes habrían incurrido en trashumancia histórica, es decir, cambios de lugar de votación sin justificación válida para incidir en los resultados locales.
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No obstante, el alto tribunal —con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez— desestimó esos argumentos y decidió ratificar la legalidad de la elección, señalando que no había pruebas suficientes para modificar el resultado. El fallo reafirma lo ya dictado por el Tribunal Administrativo de Santander el pasado 28 de enero de 2025, cuando se negó la nulidad.
Molagavita, un pequeño municipio santandereano ubicado a 190 kilómetros de Bucaramanga, cuenta con cerca de 3.800 habitantes y es conocido por su economía agrícola y cafetera. En las pasadas elecciones, alrededor de 1.400 ciudadanos habilitados acudieron a las urnas para definir quién dirigiría el destino del municipio entre 2024 y 2027.
Con esta decisión, Ramírez podrá continuar con su mandato hasta el final del periodo constitucional. Su gestión ha estado enmarcada por retos financieros y sociales propios de las zonas rurales de Santander, pero también por la expectativa generada tras su sorpresiva victoria.
La ratificación por parte del Consejo de Estado pone fin a la disputa jurídica que se prolongó por varios meses y devuelve la estabilidad política al municipio.



