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El pasado miércoles 18 de marzo, la que parecía una sesión de trámite en la que los 16 diputados de Santander recibirían el informe de gestión del año 2025 de la Contraloría departamental, terminó convertida en una ‘caja de pandora’ que dejó al descubierto presuntas irregularidades en la posesión de la contralora encargada María Alejandra Ramírez Ayala y en vilo importantes investigaciones fiscales.
En medio de la plenaria se denunció que el informe que iba a presentar la contralora interina estaba firmado por el excontralor Reynaldo Mateus, al parecer en una fecha posterior a la de su renuncia, pero lo más grave que, incluso, motivó una gran polémica y el aplazamiento de la sesión, es una presunta falta de legalidad de la posesión de Ramírez, quien fue nombrada por Mateus ad portas de su salida, en diciembre del año pasado, lo que en su momento fue interpretado como una jugada para mantener poder en el organismo de control.
Ramírez Ayala, criticada por su cercanía con el poderoso megacontratista Julián Serrano, ocupa el cargo de contralora encargada desde finales del 2025 debido a dos procesos judiciales que ha impedido la elección del nuevo contralor en propiedad. Varios diputados se negaron a reconocerla como jefe del ente de control y anunciaron demandas en contra de su posesión.
En este informe METROPOLITANO hace seguimiento al gran lío en el que se convirtió la elección del Contralor de Santander, que ahora se profundiza con las denuncias hechas en la Asamblea contra la posesión de la jefe de control fiscal regional encargada.
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CONTEXTO: La contralora y el contratista: se amplía el poder de Julián Serrano en Santander
Proceso de elección demandado
Aunque a comienzos del mes de febrero la Procuraduría Regional de Santander negó la recusación presentada por el abogado Carlos Guevara en contra de la mayoría de diputados, por un presunto conflicto de intereses para elegir al nuevo contralor departamental, aún hacen trámite en el Tribunal Administrativo de Santander dos procesos de demanda contra la selección de debería ya haber hecho la duma.
Las acciones judiciales están en el despacho de la magistrada Claudia Peñuela, esposa del exalcalde de Girón, Luis Alberto Quintero, quien a través de dos medidas cautelares mantiene suspendido el proceso de elección del próximo jefe del ente de control fiscal en el departamento.
Mientras las demandas han avanzado a paso muy lento, la Contraloría departamental continúa en interinidad y ahora enfrenta una crisis de legitimidad por los cuestionamientos que se le están haciendo a la investidura de la funcionaria que asumió en encargo, lo que amenaza la vigilancia de los recursos públicos.
La Contraloría General del departamento tiene la misión estratégica de custodiar la gestión presupuestal de 300 entidades y ahora hay un manto de duda de su capacidad.
¿Posesión irregular?
La crisis por las dificultades jurídicas para que la Asamblea elija nuevo contralor se agravaron esta semana cuando durante una sesión plenaria varios diputados se negaron a recibir el informe de gestión 2025 que fue a rendir la contralora encargada María Alejandra Ramírez.
Varios corporados advirtieron que la posesión de Ramírez sería ilegítima porque se realizó ante el gobernador Juvenal Díaz Mateus y no ante la Asamblea departamental, lo cual iría en contra del reglamento interno para cargos de interinidad.
Esta situación generaría una nueva incertidumbre jurídica, ya que podría invalidar todas las auditorías y actos administrativos emitidos bajo el encargo de la contralora Ramírez, por lo que ante el riesgo de responsabilidad penal y disciplinaria por omisión, diputados planean demandar el acto administrativo de posesión para proteger la legalidad de la institución.
Sumado a todo esto, METROPOLITANO confirmó que la misma contralora Ramírez habría nombrado a Henry Alexander Amado Ardila como contralor auxiliar, cargo que ella asumió en diciembre de 2025 y por el cual fue nombrada temporalmente como contralora encargada, por lo que su estatus como jefe de control fiscal en encargo estaría en jaque.
Informes de gestión y ‘efecto espejismo‘
Por norma, la Contraloría departamental debe presentar su informe de gestión de la vigencia inmediatamente anterior ante la Asamblea, al comienzo del año.
Aunque este tipo de sesiones generalmente son de trámite, sin mayor relevancia, la del pasado miércoles 18 de marzo terminó en controversia luego de que la duma se negara a recibir el informe y pusiera en duda la legitimidad del nombramiento de María Alejandra Ramírez como contralora encargada de Santander.
Incluso, una proposición de aplazamiento de la presentación del informe de la contralora fue votada por 12 diputados.
VEA AQUÍ LA POLÉMICA EN LA SESIÓN PLENARIA DE LA ASAMBLEA:
Cuando el presidente de la Asamblea le dio la palabra y la contralora intentaba iniciar su intervención, comenzaron los cuestionamientos por parte de varios corporados.
El diputado Mario Morales (Nuevo Liberalismo) la interrumpió y advirtió sobre presuntas inconsistencias en el informe escrito allegado previamente a la plenaria, que soportaba la presentación de la contralora.
Según Morales, el documento tenía fracturas procedimentales insalvables ya que estaba firmado por Reinaldo Mateus (quien se retiró del cargo desde el 29 de diciembre) y no por la titular encargada, María Alejandra Ramírez.
Para el diputado no se trata de un detalle menor; es una elusión de la responsabilidad personal. En la administración pública, quien asume el despacho debe dar fe de la veracidad de la información.
“Los diputados no conocemos ni siquiera el acta de empalme con que debió asumir la contralora encargada por lo que la actual administración carece de base legal para certificar lo actuado», alegó el diputado Morales, reclamándole la mesa directiva que no permitiera la presentación de la contralora encargada.
Este vacío documental generaría un riesgo sistémico en los procesos que haya adelantado la Contraloría en las 300 entidades vigiladas por la falta de investidura legal de la funcionaria, explicó el diputado Morales a METROPOLITANO.
Aunque algunos diputados interpretaron que podría tratarse de un error de forma, fácilmente subsanable, las fuertes críticas de diputados como Ramón Ramírez, Mario Morales, David Castrillón y Diana Jiménez motivaron a la mesa directiva a declarar un receso para consultar al equipo jurídico de la corporación, pero en la revisión del caso, en lugar de aclararse las dudas se profundizaron.
Resulta que la contralora Ramírez Ayala nunca tomó posesión de su cargo ante la Asamblea, como lo indica la norma, situación que para los diputados reclamantes deslegitimaría sus funciones como contralora encargada.
“Ramírez no fue elegida, ella fue encargada. El encargado no puede posesionarse ante el gobernador, como entendemos fue en este caso, su posesión debió ser ante la plenaria de la Asamblea”, agregó Morales.
La hipótesis del corporado del Nuevo Liberalismo fue respaldada por la mayoría de diputados quienes consideran que la posible ilegalidad de la posesión de la contralora Ramírez genera un efecto dominó que en la doctrina jurídica se denomina ‘el fruto del árbol ponzoñoso’, si la investidura de la cabeza del ente es ilegítima, sus actos subsiguientes están contaminados.
Es decir, si bien los actos administrativos promulgados bajo la administración en encargo gozan de la presunción de legalidad, esta se debilita cuando el origen del nombramiento es cuestionado.
La nulidad de la posesión podría generar una parálisis total del sistema de vigilancia departamental, poniendo en riesgo las auditorías en curso dirigidas a los 220 sujetos de control y 80 puntos de control (300 entidades en total). Cualquier hallazgo firmado bajo esta jerarquía carecería de valor probatorio y legal, dejando miles de millones de pesos en un limbo fiscal.
Además, existe un riesgo inminente de nulidad por falta de competencia funcional (vicio de jerarquía). Los fallos sancionatorios podrían ser revocados masivamente en sede judicial por haber sido proferidos por una autoridad cuya investidura es inexistente.
Entre las actuaciones que quedarían en el limbo jurídico está el informe final de auditoría en el cual la Contraloría de Santander confirmó fallas graves en la ejecución de los dos contratos que suscribió Juliana Guerrero con la Universidad Industrial de Santander, UIS, para las vigencias 2023 y 2024.
CONTEXTO: Contraloría de Santander confirma irregularidades en contratos de Juliana Guerrero con la UIS
¿Auto reemplazo?
Al manto de dudas que ahora se cierne sobre la posesión en encargo de la contralora Ramírez se suma la designación que la propia funcionaria habría hecho del cargo al cual ella había sido designada desde finales de diciembre, el de contralora auxiliar.
La norma dispone que cuando hay falta absoluta del cargo de titular, el contralor auxiliar del departamento debe asumir provisionalmente pero, justamente, en encargo, sin abandonar sus funciones y menos nombrando a alguien en su reemplazo.
Alejandra Ramírez Ayala llegó al cargo de contralora auxiliar nombrada por Reynaldo Mateus, quien ya debía dejar el cargo. Este movimiento fue interpretado por sectores políticos y la opinión pública simplemente como una jugada del excontralor para mantener el control de la entidad.
La contralora Ramírez tiene una cercanía familiar ampliamente conocida en Bucaramanga con el poderoso empresario del sector de infraestructura Julián Serrano Gómez. Ella venía de un cargo en la Personería de Floridablanca, municipio en el que Serrano tiene una gran influencia por su amistad con el alcalde José Fernando Sánchez.
Todas las movidas se dieron a comienzos de diciembre del año pasado cuando el entonces contralor Mateus declaró insubsistente a Andrés Augusto Harker, quien se desempeñaba como contralor auxiliar departamental. Harker era reconocido dentro de la entidad como cercano al gobernador Juvenal Díaz.
Debido a que la relación de Mateus con el mandatario estaba completamente fracturada, incluso ya había pasado al enfrentamiento, el saliente contralor se aseguró de que ninguna cuota del gobernador quedara al frente de la entidad.
El 12 de diciembre de 2025, el entonces contralor Mateus expidió la Resolución 969, mediante la cual nombró en comisión a Javier Steve Maluendas García como subcontralor y en encargo de las funciones de Harker.
Pero la movida determinante para garantizar el poder en la Contraloría regional se dio en vísperas de Navidad cuando el entonces contralor Mateus a través de la Resolución 1010 del 23 de diciembre de 2025 nombró a María Alejandra Ramírez Ayala como contralora auxiliar de Santander en propiedad, dando por terminado el encargo de Maluendas.
Ramírez Ayala venía de fungir como funcionaria de la Personería de Floridablanca. Es esposa de Óscar Julián Moreno Hernández, primo de Diana Carolina Sanabria Hernández, esposa de Julián Serrano.
La relación familiar y gran cercanía entre el contratista Serrano y la contralora encargada queda en evidencia en varias fotografías publicadas en redes sociales en las que se ven compartiendo en frecuentes encuentros y eventos familiares.
Moreno Hernández es fiscal delegado ante los jueces del Circuito de Bucaramanga.
Ya con las fichas del ajedrez político jugado, el 29 de diciembre Reynaldo Mateus envió un oficio a la Asamblea de Santander anunciando que Ramírez se desempeñaba como contralora auxiliar por lo que debía ser designada como contralora de Santander encargada mientras la corporación elegía al contralor en propiedad.
Ese mismo 29 de diciembre Reynaldo Mateus asumió como jefe de control interno de la Alcaldía de Floridablanca.
Ahora se conoce que después de su posesión como contralora auxiliar la propia María Alejandra Ramírez habría nombrado a Henry Alexander Amado Ardila en el mismo cargo que ostenta, lo que, paradójicamente, la tumbaría del cargo pues el encargo entonces debería estar en cabeza de Amado Ardila.
Para expertos en derecho administrativo consultados por METROPOLITANO, si Ramírez nombró a Amado Ardila como contralor auxiliar, debería dejar el cargo como contralora encargada y darle paso a Amado Ardila quien por norma general debe asumir el encargo por ser el contralor auxiliar.
“La Ley 330 de 1996 y la Ordenanza 011 de 2024 son claras y señalan que cuando hay vacancia absoluta en el cargo de contralor departamental deberá ser el contralor auxiliar el que asuma el encargo temporal de la dirección de la entidad. Si ella se auto-reemplazó, debe salir inmediatamente del cargo”, considera el diputado Mario Morales.
Si bien aún no se conoce el acto administrativo que confirme la designación de Henry Alexander Amado Ardila como contralor auxiliar, METROPOLITANO conoció documentos en los que viene actuando en dicho cargo.
Por ejemplo, en el informe final de la Actuación Especial de Fiscalización 0003, del febrero 12 de 2026, mediante el cual la Contraloría de Santander determinó las irregularidades en los contratos suscritos entre la UIS y Juliana Guerrero, Henry Alexander Amado aparece firmando como contralor auxiliar.
Además, en la página oficial de la Contraloría se registra en el organigrama de la entidad a Amado Ardila en el cargo de contralor auxiliar.
METROPOLITANO intentó comunicarse con la contralora encargada de Santander, María Alejandra Ramírez, para conocer su versión de los cuestionamientos que hoy le están haciendo desde la Asamblea, pero evitó responder mensajes y llamadas.
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Denuncias y demandas
Ante este mayúsculo lío, desde la Asamblea departamental ya se están anunciando denuncias penales y demandas administrativas por las presuntas irregularidades en la posesión y actuación de María Alejandra Ramírez como contralora encargada de Santander.
Por un lado, varios diputados estudian la posibilidad de instaurar una demanda de nulidad de su elección como contralora encargada. Por otro, se advierte de una presunta extralimitación de funciones por parte del gobernador Juvenal Díaz, por haber posesionado a la contralora en encargo, sobreponiéndose a la competencia exclusiva de la plenaria de la Asamblea, establecida en el Artículo 149.
El acto del gobernador habría viciado la legitimidad del encargo de Ramírez. Este vicio de competencia actúa como un defecto de nulidad absoluta que se proyecta sobre todos los actos proferidos por la funcionaria, explicó un abogado experto.
Sumado a esto, se habla de un posible fraude procesal, al inducir a error a la administración para obtener los beneficios de una resolución de nombramiento presuntamente ilegal.
Asimismo, se revisa un presunto prevaricato por acción en cada acto administrativo expedido, incluyendo el nombramiento de un nuevo contralor auxiliar, realizado por la contralora Ramírez, que no tendría sustento legal, lo que agrava la cadena de posibles irregularidades.
Además, no se descarta el escenario disciplinario y fiscal que podría afectar al gobernador, por una presunta extralimitación, así como la posible omisión de la funcionaria al ejercer un cargo sin los requisitos del Artículo 149, y un posible daño patrimonial directo y cuantificable.
Cada peso pagado en salarios y prestaciones a la contralora encargada (y a los funcionarios que ella ha nombrado), constituiría un detrimento al erario, pues tales erogaciones carecerían de una causa jurídica válida al provenir de actos nulos de pleno derecho.
Mientras aumenta la incertidumbre jurídica sobre la legitimidad del encargo de María Alejandra Ramírez como contralora de Santander en encargo, el proceso de elección del próximo contralor en propiedad continúa suspendido, en el despacho de la magistrada Claudia Peñuela, donde dos demandas de nulidad continúan prácticamente estancadas, sin mayores avances.
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