La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Justicia, advirtió que a seis semanas de finalizar el año, los 59 mil servidores judiciales del país no han recibido el pago de su bonificación establecida por el Decreto 383 de 2013, la cual debe ser ajustada anualmente de acuerdo con el incremento en el índice de precios al consumidor (IPC).

Para el año 2025 el Gobierno nacional no ha expedido el decreto correspondiente, pese a que han transcurrido once meses del año; razón por la cual los servidores judiciales no han recibido sus salarios con ese incremento. Esta situación afecta el derecho de los funcionarios judiciales a recibir su salario y prestaciones sociales en las condiciones establecidas por la Ley.

En este sentido, insiste la Contraloría, se expone al servicio judicial de Colombia a riesgos jurídicos y fiscales por reclamaciones administrativas o tutelas que busquen exigir el reajuste y la indexación correspondiente, ya sea por constitución de pasivos por el retroactivo y presiones sobre las apropiaciones de gasto de personal vigentes y el reajuste en los pagos de parafiscales y del sistema general de seguridad social.

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Las entidades afectadas han solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno nacional que se defina el reajuste y que se hagan las apropiaciones presupuestales correspondientes con el propósito de poder iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan el pago acumulado.

Para la Contraloría General de la República la falta de expedición oportuna del decreto que reajusta la bonificación judicial puede generar la constitución de pasivos contingentes y ciertos, puesto que la acumulación del derecho económico no reconocido durante varias vigencias fiscales podría materializarse en pasivos por retroactivos salariales, los cuales deberán ser reconocidos posteriormente, afectando el equilibrio presupuestal de las vigencias futuras.

Desde la perspectiva del control fiscal, representa un riesgo de gestión del pasivo no revelado oportunamente en los estados financieros.

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También ese hecho ejerce presión sobre las apropiaciones del gasto de personal, ya que, una vez expedido el decreto, la entidad deberá asumir retroactivamente los pagos, generando la necesidad de adicionar recursos, lo cual incumpliría los principios de planeación y anualidad presupuestal establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Ley 38 de 1989 y Ley 179 de 1994).

Adicionalmente, de acuerdo con el organismos de control, se presentará una afectación del principio de sostenibilidad fiscal, dada la acumulación de obligaciones no reconocidas que pueden generar una brecha estructural entre las apropiaciones presupuestadas y las obligaciones reales de la entidad, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y generando impactos sobre la regla fiscal del sector.

La Contraloría General de la República instó al Gobierno nacional a obrar de conformidad con el principio de eficiencia del gasto público, evitar duplicidad de cargas administrativas, reprocesos contables y costos adicionales por intereses o sanciones, lo cual constituye un uso ineficiente de los recursos del Estado.