La Contraloría General encendió nuevas alarmas en el Ministerio del Interior tras concluir que Juliana Guerrero, exsecretaria ejecutiva de esa cartera, usó aeronaves oficiales de la Policía Nacional para realizar viajes con fines personales, generando un posible detrimento patrimonial que asciende a más de $213 millones solo en combustible.

El organismo de control determinó que, aunque los vuelos fueron autorizados mientras Guerrero hacía parte del Ministerio, ninguno de los desplazamientos analizados correspondía a funciones propias de su cargo. Por el contrario, los trayectos tenían objetivos ajenos a la misión institucional, lo que para la entidad constituye un “menoscabo al presupuesto público” y un “daño patrimonial al Estado”.

La investigación se abrió a partir de un derecho de petición que solicitó revisar presuntas irregularidades publicadas en un artículo de prensa. Tras cruzar itinerarios, registros de vuelo y objetivos del viaje, la Contraloría estableció que cinco desplazamientos a mediados de junio de 2025 —entre Bogotá, Valledupar, Aguachica y Santa Marta— fueron utilizados para que Guerrero asistiera a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, órgano del cual hacía parte.

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El documento oficial detalla los costos de combustible de cada recorrido, que incluyen vuelos en aeronaves ATR-42 y helicópteros Bell-212, con valores individuales que superan los 34, 38 y hasta 85 millones de pesos.

La entidad enfatizó que estos desplazamientos quebrantaron los convenios vigentes entre la Policía, el Ministerio del Interior y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, los cuales permiten el uso de aeronaves exclusivamente para actividades misionales. “Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional”, señala el informe.

Como consecuencia, la Contraloría solicitó al Ministerio un plan de mejoramiento e iniciar una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades administrativas.

Este nuevo hallazgo se suma a una cadena de cuestionamientos que rodean a Guerrero, quien pasó de contratista a ocupar cargos estratégicos dentro del Gobierno en menos de dos años, incluso siendo considerada para el Viceministerio de la Juventud. Su nombramiento se frustró recientemente después de que la Fundación de Educación Superior San José anulara su título profesional al no encontrar evidencia de actividad académica.

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Paralelamente, la Universidad Industrial de Santander (UIS) fue obligada por un tribunal a entregar información sobre los contratos que firmó con Guerrero en 2023 y 2024, pese a una inicial negativa basada en cláusulas de confidencialidad. La decisión judicial surgió tras una demanda de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Los contratos, que suman más de 12 millones de pesos, están vinculados a un convenio interadministrativo por 14.500 millones suscrito en plena Ley de Garantías, un proceso que expertos consideran podría ser una triangulación para sortear restricciones de contratación pública.

Según documentos obtenidos por Metropolitano, Guerrero fue contratada como enlace territorial para proyectos de convivencia ciudadana con experiencia previa mínima y sin un título profesional validado. Funcionarios consultados afirmaron no conocer su trabajo ni haber tenido contacto con ella durante la ejecución de los convenios.

El caso continúa escalando y ahora está en el centro de investigaciones simultáneas de la Contraloría, el Ministerio de Educación y entes judiciales, que buscan esclarecer si hubo uso indebido de recursos públicos, irregularidades contractuales y falsedad en documentos académicos.