Tras un detallado informe de METROPOLITANO, la Contraloría confirmó fallas graves en la ejecución de los dos contratos que suscribió Juliana Guerrero con la Universidad Industrial de Santander, UIS, para las vigencias 2023 y 2024.
Así quedó establecido en el informe final de auditoría de la Contraloría General de Santander el cual concluyó la existencia de irregularidades en los contratos 306-2023 y 113-2024, suscritos entre Juliana Guerrero y la UIS, debido a la falta de transparencia, planeación y supervisión de dichos procesos.
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LEA EL INFORME COMPLETO: Los contratos ‘fantasma’ de la poderosa Juliana Guerrero con la UIS
Aunque para el ente de control fiscal los contratos fueron debidamente suscritos y que existe documentación tanto precontractual como contractual que respalda el vínculo legal entre la UIS y Juliana Guerrero, la Contraloría advirtió que el problema no fue la falta de un contrato sino la ausencia de evidencias objetivas (entregables) que demostraran que las actividades se ejecutaron realmente tal como se pactaron.
En tal sentido, la Contraloría no pudo corroborar de manera objetiva y plena la ejecución material de los contratos por parte de Juliana Guerrero, lo que derivó en el hallazgo de un presunto daño fiscal.
A pesar de que la UIS presentó argumentos de defensa, el equipo auditor de la Contraloría mantuvo su posición al considerar que existió ausencia de documentos obligatorios, ya que si bien los supervisores, (Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes), certificaron el cumplimiento de actividades, la Contraloría no encontró en los expedientes los productos o «entregables» específicos que el contrato exigía explícitamente (como informes de seguimiento, mapeo de conflictividades y planes de acción).
Incluso, la Contraloría advirtió que la UIS recurrió a la ambigüedad en la terminología contractual para favorecer a Juliana Guerrero, es así que utilizó la expresión «persona natural y/o profesional», la cual fue calificada por los auditores como redundante y ambigua, ya que no aporta precisión técnica sobre las competencias necesarias para el cargo.
«Del análisis de la documentación allegada por el sujeto d e control, se evidencia que no fue remitida la documentación que permita acreditar el perfil de la contratista, específicamente en lo relacionado con la formación académica, la experiencia profesional y la idoneidad que se presume debió cumplir para la ejecución del objeto contractual, (306-2023 y 113-2024) toda vez que dentro del cada uno de los estudios previos no se especificó un perfil«, advierte la Contraloría.
Además, el ente de control fiscal determinó que Juliana Guerrero no aportó soportes documentales, productos o evidencias verificables que le permitieran validar la ejecución real del contrato.
La simple afirmación del supervisor sobre la ejecución fue considerada por la Contraloría como insuficiente y «desprovista del respaldo documental requerido«.
Del mismo modo, la Contraloría advirtió que los informes de actividades presentados por Juliana Guerrero se limitaban a descripciones generales y no especificaban claramente las tareas realizadas, lo que impidió verificar el cumplimiento del objeto contractual de forma cierta y comprobable.
Como consecuencia de esta imposibilidad de corroborar la ejecución total, la Contraloría departamental confirmo hallazgos con incidencia disciplinaria y fiscal por un valor total de $2.000.000, ($1.500.000 para el contrato 306-2023 y $500.000 para el 113-2024), señalando como presuntos responsables tanto a los supervisores: Luis
Eugenio Prada Niño y Diego Fernando Jaimes Flórez, como a la contratista, Juliana Guerrero.
