La Contraloría General de la República asumió la vigilancia fiscal ante las posibles anomalías en el contrato para la construcción del centro de eventos conocido como Arena Bonita, en Girón, Santander, toda vez que el grueso de los recursos para la financiación de esta obra, valorada en $114 mil millones, tiene su origen en el Sistema General de Regalías.
METROPOLITANO tuvo acceso al oficio por medio del cual, tras una Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría departamental de Santander trasladó la competencia de la investigación fiscal para adelantar la vigilancia y control fiscal sobre las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del Arena Bonita suscrito por el Fondo Mixto de Desarrollo de Colombia, Fodecol, por delegación del gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus.
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Según los documentos oficiales, el caso del Arena Bonita será revisado desde Bogotá aplicando la figura del «fuero de atracción por cofinanciación».
De acuerdo con la normativa vigente en Colombia, cuando en un mismo objeto de control confluyen recursos vigilados por diferentes contralorías (como la departamental y la nacional), la Contraloría General de la República ejerce la competencia de manera prevalente si los recursos de origen nacional superan el 50 % de la financiación total del proyecto.
En el caso específico, la Contraloría tiene la lupa puesta sobre el contrato de obra FON-006-2026 para la «Adecuación del escenario multipropósito del Departamento de Santander», conocido como el Centro de eventos Arena Bonita, que tuvo un valor inicial de $114.762.792.606,97.
Según los registros contractuales, la estructura de financiamiento está distribuida 55,74 % de los recursos ($63.965.880.000) provienen del Sistema General de Regalías (SGR), los cuales son de naturaleza y orden nacional. El 44,26 % restante ($50.796.912.606,97) corresponde a recursos de crédito interno de la banca comercial del departamento.
Al superar los recursos de origen nacional (provenientes del SGR) el umbral del 50 % de la financiación total, la Contraloría General de Santander determinó que carecía de competencia prevalente y dispuso el traslado inmediato de todas las diligencias a la Contraloría General de la República para que esta adelante el control fiscal.
Al constatar que la financiación nacional supera el cincuenta por ciento (50 %), la Contraloría General de la República, CGR, desplaza la competencia de los entes territoriales para ejercer la vigilancia prevalente.
En tal sentido, el subcontralor para el Control Fiscal de la Contraloría departamental, Jorge Enrique González Bohórquez, determinó el traslado inmediato de las diligencias a la Contraloría General de la República bajo la dirección de Jorge Eliécer Laverde.
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Arena Bonita, bajo la lupa
La auditoría fiscal adelantada por la Contraloría tiene su origen en el informe periodístico de METROPOLITANO en el cual se exponen cuestionamientos sobre la idoneidad y el historial de las empresas que integran la Unión Temporal CEO (único oferente del millonario contrato para el escenario multipropósito), involucradas en varios escándalos de corrupción en Santander y el Caribe.
Por un lado se encuentra Discep SAS una firma con sede principal en Bogotá (pero constituida en Bucaramanga) y propiedad de Héctor González Gómez, es señalada como una «vieja conocida» dentro de la Gobernación de Santander, pero no por el éxito de sus gestiones.
Discep SAS forma parte de la Unión Temporal Colucas 2022, contratista que no ha logrado terminar la construcción de la nueva sede del Colegio Integrado Lucas Caballero en el municipio de Suaita, Santander, un «proyecto fallido» que se encuentra paralizado y a punto de convertirse en un «elefante blanco».
El otro integrante de la Unión Temporal es Insuobras GCS SAS, una compañía constituida en Valledupar, también de propiedad de santandereanos, pero con «fuertes vínculos en la Costa».
Insuobras GCS SAS comparte con Discep SAS el historial de quejas y señalamientos por deficiencias e incumplimientos en el desarrollo de obras de infraestructura en la región Caribe y Santander.
Las principales irregularidades que investiga la Contraloría tiene que ver con que la Gobernación de Santander haya transferido más de 114 mil millones de pesos al fondo mixto FODECOL para que este actuara como intermediario o «contratadero». En lugar de adelantar una licitación pública que permitiera la competencia abierta de firmas con experiencia y prestigio, se optó por un esquema que permitió la tercerización de la obra.
Adicionalmente, la Contraloría investiga el presunto ocultamiento de información por parte del fondo mixto FODECOL, señalando que en los documentos publicados oficialmente en su portal web se identificó a la Unión Temporal CEO únicamente con un número de consorcio, impidiendo que la opinión pública santandereana conociera de manera oportuna la identidad y los antecedentes de los contratistas beneficiados con los $114.000 millones.
Así, mientras la administración departamental de Juvenal Díaz Mateus continúa defendiendo la tercerización del millonario contrato de obra a través del contratadero Fodecol, la Contraloría General de la República revisa al detalle las presuntas irregularidades en el controvertido proyecto de la Arena Bonita.
