Una red de presuntas irregularidades en la contratación de servicios médicos en el dispensario del Ejército Nacional en Bucaramanga ha llevado a la judicialización de 14 personas, entre ellas cinco oficiales en servicio activo y nueve exintegrantes de la institución castrense.
La Fiscalía General de la Nación los presentó ante un juez de control de garantías por su presunta participación en un esquema que permitió la vinculación de una persona no habilitada para ejercer como anestesióloga.
Según las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Santander, entre 2017 y 2022 se habrían firmado seis contratos por un valor total de $345 millones con Daisy Carolina Sosa Hernández, quien fue contratada para prestar servicios como especialista en anestesiología, sin contar con la formación ni la acreditación necesarias.
Los elementos recaudados por la Fiscalía revelan que Sosa Hernández no contaba con el título de especialista ni estaba registrada en el ReTHUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud). Pese a estas irregularidades, fue contratada para atender procedimientos quirúrgicos en las instalaciones médicas del Ejército, aparentemente con documentos falsificados para acreditar su idoneidad.
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El ente acusador imputó a los señalados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso, según la participación que habría tenido cada uno en los hechos. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
Entre los investigados figuran los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo; el mayor Belisario Zea Quintero; los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García; así como exfuncionarios del Ejército: Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López. También fue imputada la contratista Daisy Carolina Sosa Hernández.
Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente los hechos y determinar si hubo omisiones o encubrimientos adicionales en la cadena de mando durante el tiempo en que ocurrieron las contrataciones.
