La radicación de una convocatoria para una Asamblea Constituyente ante la Registraduría Nacional abrió un nuevo frente de controversia política en el país. La iniciativa, presentada en la tarde del viernes por un grupo de líderes sociales cercanos al Gobierno nacional, deberá recolectar más de tres millones de firmas para llegar a discusión en el Congreso de la República.
Entre los promotores figura el exministro de Igualdad, Carlos Rosero. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el presidente Gustavo Petro no lidera la propuesta y que su papel se limita a acompañar una iniciativa de carácter popular. Sin embargo, la movida generó inmediatas reacciones críticas desde distintos sectores políticos.
Una de las primeras voces en cuestionar la convocatoria fue la del representante Andrés Forero, del Centro Democrático, quien recordó el compromiso asumido por Petro en 2018 de no impulsar una Asamblea Constituyente. “No convocaré a una asamblea constituyente”, escribió Forero de forma irónica, aludiendo a la promesa que el hoy mandatario dejó consignada para recibir el respaldo de Antanas Mockus y Claudia López.
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En la misma línea se pronunció la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que el presidente estaría incumpliendo su palabra. “Prometió respetar la Constitución del 91 y hoy, en su autoritarismo, embarca al país en este delirio”, afirmó, señalando que la iniciativa buscaría confundir a la opinión pública.
Las críticas también llegaron desde sectores que hicieron parte del actual Gobierno. Alejandro Gaviria, exministro de Educación, sostuvo que la propuesta no tiene como objetivo un cambio social, sino que respondería a una estrategia política con miras a las elecciones. Según dijo, el comité impulsor podría convertirse en una plataforma para recaudar recursos y permitir la participación política indirecta de funcionarios del Ejecutivo.
Gaviria advirtió además que el Gobierno seguiría “desgastando las instituciones con fines electorales”, atacando a las cortes, al Congreso y al Banco de la República, y utilizando la propuesta para desviar la atención de los problemas y escándalos que enfrenta la administración Petro. “Es un engaño peligroso”, concluyó.
El candidato presidencial Sergio Fajardo también se sumó a los cuestionamientos y calificó la iniciativa como una maniobra para aumentar la polarización política. A su juicio, se trataría de una “trampa” para ocultar los resultados del actual Gobierno en medio del inicio de la campaña electoral.
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En un comunicado conjunto, los precandidatos de la ‘Gran Consulta por Colombia’ rechazaron de manera tajante la convocatoria. “Colombia no necesita una nueva Constitución, necesita un nuevo gobierno que respete la ley”, señalaron, advirtiendo sobre riesgos para el Estado de Derecho.
Desde los gobiernos locales también hubo pronunciamientos en contra. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el país no requiere una Constituyente y defendió la alternancia en el poder. “Lo que Colombia necesita es mantener la democracia y elegir un nuevo presidente el 7 de agosto de 2026”, manifestó.
Mientras avanza el proceso de recolección de firmas, la propuesta de Asamblea Constituyente continúa generando un intenso debate político y jurídico, en un contexto marcado por la cercanía del calendario electoral y la creciente polarización nacional.
