La justicia cerró uno de los capítulos más emblemáticos del carrusel de la contratación en Bogotá: la Corte Suprema sentenció al exsenador nortesantandereano Efraín Torrado García a más de ocho años de cárcel por su responsabilidad en el direccionamiento de millonarios contratos de alimentación para población vulnerable.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una condena de 104 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El alto tribunal concluyó que el excongresista estructuró un entramado para acaparar convenios de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) entre 2009 y 2011.
Según la sentencia, Torrado lideró el denominado “grupo empresarial Torrado”, mediante el cual controló y direccionó al menos 15 contratos relacionados con la financiación de la “canasta alimentaria” para ciudadanos en situación de vulnerabilidad en la capital del país.
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La Corte determinó que los convenios fueron obtenidos a través del pago de sobornos que, de acuerdo con el fallo, se repartían con la administración del entonces alcalde Samuel Moreno, en el marco del escándalo conocido como el carrusel de la contratación.
En la decisión, el magistrado ponente Ariel Augusto Rojas señaló que, dada su formación como abogado, su experiencia en cargos directivos y su investidura como congresista, Torrado tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actuaciones.
Además de la pena de prisión, el exsenador deberá pagar una indemnización de 28.146 millones de pesos a favor del Distrito de Bogotá y una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La sentencia también lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por 109 meses y 12 días.
No obstante, la Sala le concedió el beneficio de detención domiciliaria, teniendo en cuenta que el condenado tiene 77 años. Para hacer efectiva la medida, deberá consignar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo.
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El proceso judicial estuvo sustentado en los testimonios de exfuncionarios y contratistas que participaron en el esquema irregular. El excontratista Héctor Julio Gómez relató cómo fue contactado por Torrado para facilitar un acercamiento con la entonces secretaria de la SDIS, Mercedes del Carmen Ríos.
Gómez aseguró que recibió 350 millones de pesos en efectivo, correspondientes a un porcentaje pactado dentro del negocio, dinero que, según su declaración, le fue entregado en el apartamento del exsenador.
Por su parte, el excontratista Emilio Tapia confirmó que las empresas vinculadas al sentenciado pagaban comisiones del 6 % del valor total de cada contrato, recursos que, según dijo, estaban destinados a los hermanos Moreno.
La exsecretaria Mercedes del Carmen Ríos también aceptó su participación en la adjudicación irregular de los convenios y señaló que el entonces senador Iván Moreno le solicitó favorecer a las empresas relacionadas con Torrado.
En su análisis final, la Corte concluyó que los recursos públicos destinados a la población más pobre fueron utilizados como un botín político y económico, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.
