Un nuevo capítulo judicial sacude el escenario político de Santander a pocos días de que se inicie la carrera electoral. La Corte Suprema de Justicia citó para este lunes 27 de octubre, a las 4:00 de la tarde, la audiencia pública de formulación de acusación contra el exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
El exmandatario departamental enfrentará cargos por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, según la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.
De acuerdo con fuentes judiciales, la acusación está relacionada con procesos de contratación realizados entre 2020 y 2021 entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, medio público regional.
Únase AQUÍ a nuestro WHATSAPP | TIK TOK | INSTAGRAM
El expediente indica que Aguilar, durante su gestión, delegó mediante el Decreto Departamental 612 de 2020 a la entonces secretaria general de la Gobernación, Ivonne Marcela Rondón Prada, la tramitación de los convenios interadministrativos que hoy están bajo investigación.
El primero de ellos fue suscrito el 11 de septiembre de 2020, con un valor de $2.750 millones y una duración de tres meses y quince días. El segundo convenio data del 18 de mayo de 2021, por $5.843 millones y un plazo de ejecución de siete meses y diez días.
Para la Fiscalía, dichos convenios habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y selección objetiva que rigen la contratación pública. Además, el ente acusador sostiene que no se ejerció un adecuado control, supervisión ni vigilancia sobre los trámites precontractuales.
RECOMENDAMOS: Únase aquí a la cuenta de X (Twitter) de Metropolitano
La audiencia de este lunes marcará el inicio formal del juicio contra el exgobernador, quien ha insistido públicamente en su inocencia y ha calificado los señalamientos como parte de una persecución política.
Este proceso se convierte en uno de los más relevantes en el panorama político regional reciente, especialmente porque Aguilar —heredero de una de las familias con mayor peso político en Santander— aún conserva una activa influencia dentro de varios sectores políticos y electorales.
La decisión de la Corte se da justo cuando comienzan a definirse las alianzas y estrategias de cara a las elecciones regionales de 2026, lo que aumenta la atención sobre el impacto político del caso en la región.
