La Corte Suprema de Justicia recibió nuevas evidencias dentro del proceso de investigación contra David Racero exrepresentante a la Cámara y senador electo, integrante del Pacto Histórico.

Según se conoció, la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal recibió recientemente una comunicación dirigida al magistrado César Augusto Reyes, en la que una persona manifestó su intención de rendir declaración voluntaria sobre presuntas conductas relacionadas con el legislador.

En la carta se afirma que Racero y un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), identificado como John Leonardo García, habrían faltado a la verdad bajo juramento ante el Consejo de Estado.

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Según el documento, ambos habrían negado que ese funcionario trabajara en el supermercado Fruver de propiedad del congresista mientras recibía salario con recursos públicos. También habrían rechazado que García se desempeñara como conductor del representante.

La persona que envió la comunicación también ofreció entregar 17 conversaciones de WhatsApp que, según afirma, demostrarían que García realizaba labores como conductor para Racero y su familia.

De acuerdo con el testimonio, el funcionario habría conducido vehículos del congresista, incluidos automóviles asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en ocasiones acompañado por un escolta.

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La comunicación señala que estas actividades no habrían sido esporádicas, sino que se realizaban de forma habitual, incluyendo traslados personales, recogidas en aeropuertos y desplazamientos familiares.

Asimismo, se mencionan mensajes de texto y notas de voz que, según el testigo, mostrarían instrucciones de Racero relacionadas con el funcionamiento del negocio Fruver, como indicaciones sobre el abastecimiento del establecimiento.

Tras recibir la carta, la Corte Suprema escuchó en declaración a la persona que entregó la información, quien ratificó sus afirmaciones y sostuvo que John Leonardo García habría trabajado en el negocio del congresista mientras su salario era pagado con recursos del Estado.

Las pruebas entregadas ahora hacen parte del proceso que adelanta el alto tribunal para determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos o en las funciones asignadas al integrante de la UTL.