El homicidio de una trabajadora de un hogar de paso en Barrancabermeja sigue generando indignación. Cuatro adolescentes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el asesinato de la formadora Karely Merlano, ocurrido en un inmueble del barrio La Libertad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los menores, que se encontraban bajo medida de protección en la fundación donde laboraba la víctima, habrían atacado a la mujer luego de que esta se negara a permitirles salir del lugar. Según la investigación, el crimen se habría cometido por estrangulamiento.

Los hechos se registraron el pasado 9 de abril, cuando las autoridades hallaron sin vida a la profesional dentro de la vivienda donde funcionaba el hogar de paso. Tras recopilar el material probatorio, una fiscal de la Seccional Santander imputó a los cuatro adolescentes el delito de homicidio. Tres de ellos aceptaron los cargos.

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El caso ha causado profunda conmoción en el municipio, no solo por la gravedad del crimen, sino por las circunstancias en las que ocurrió. Karely Merlano se desempeñaba como psicóloga en hogares de paso de la Fundación Revivir, institución que atiende a menores en condición de vulnerabilidad o en conflicto con la ley.

Su esposo, Alejandro Cabarcas, reveló que la mujer ya había enfrentado situaciones de riesgo en ese mismo lugar. Según relató, en una ocasión anterior habría sido víctima de un intento de intoxicación, hecho que la llevó a considerar su renuncia ante el ambiente de inseguridad.

“El peligro era evidente y aun así la seguían enviando a ese hogar”, aseguró Cabarcas, quien también cuestionó los protocolos de seguridad y la respuesta institucional frente a incidentes previos.

El día del crimen, la víctima alcanzó a comunicarse con su esposo para advertir sobre una situación irregular con algunos menores recién ingresados al lugar. Minutos después, organismos de emergencia y la Policía llegaron al sitio, pero horas más tarde se confirmó el fatal desenlace.

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Según versiones conocidas, la mujer habría sido sometida y asesinada dentro de la vivienda por los adolescentes, quienes tendrían entre 15 y 17 años. Su cuerpo fue encontrado en el lugar, lo que desató la reacción de las autoridades y la apertura del proceso judicial.

En medio del dolor, la familia de la víctima pidió que el caso no quede impune y solicitó que se revisen las condiciones de seguridad en este tipo de instituciones. Además, hizo un llamado para endurecer las medidas frente a menores infractores involucrados en hechos de extrema violencia.

El proceso judicial avanza mientras crecen las voces que exigen respuestas y mayores garantías para quienes trabajan en la atención de población vulnerable en este tipo de centros.