La crisis por homicidios en Cúcuta no da tregua. En lo que va del año, la ciudad ya superó los 365 asesinatos con los que cerró 2024, mientras las autoridades reconocen que el nivel de esclarecimiento de los casos sigue siendo preocupantemente bajo.
El propio coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), admitió que la baja resolución de crímenes es uno de los factores que alimenta la violencia urbana. Ante este panorama, anunció el refuerzo de los grupos de investigación: 30 nuevos agentes llegarán a la Sijín y otros 20 se sumarán a la seccional de Inteligencia.
Pero la raíz del problema va más allá de los esfuerzos policiales. Desde el sistema judicial, trabajadores y analistas advierten que la justicia local está saturada y debilitada, lo que retrasa las investigaciones y deja a muchas familias sin respuestas.
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Según la seccional Norte de Santander de Asonal Judicial, los jueces y fiscales enfrentan una congestión de más de 3.500 casos activos por funcionario, lo que limita la atención oportuna de los procesos. A esto se suma la escasez de defensores públicos, que agrava la carga del sistema, de acuerdo con un informe publicado por el diario La Opinión.
“La justicia está colapsada. Es una situación compleja que afecta directamente la capacidad de respuesta frente a los homicidios”, indicó un vocero del sindicato judicial.
La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), integrada por la Policía Judicial y la Fiscalía, se encarga de los casos más graves, pero enfrenta obstáculos estructurales: la multiplicidad de grupos criminales que operan en la región, la asignación de investigadores a tareas no prioritarias y la falta de colaboración ciudadana por miedo a represalias.
“En muchas inspecciones, nadie quiere hablar. El temor paraliza la información y sin esa ayuda no hay forma de avanzar”, explicó la fuente consultada.
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Los pocos avances se registran en los casos de flagrancia, es decir, cuando los responsables son capturados en el momento del delito. Sin embargo, la mayoría de los homicidios en Cúcuta no cuentan con testigos ni pruebas suficientes.
El carácter fronterizo del departamento añade una dificultad más: muchos delincuentes huyen hacia Venezuela, donde no existe un mecanismo de cooperación judicial efectivo. Los acuerdos binacionales anunciados para intercambiar información criminal siguen sin materializarse.
Además del homicidio, delitos como el hurto, el microtráfico y la violencia intrafamiliar mantienen saturadas las oficinas judiciales. La falta de recursos humanos y tecnológicos impide una atención más eficiente de los casos.
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Como si fuera poco, el sector se prepara para enfrentar un recorte presupuestal de 74.000 millones de pesos el próximo año, lo que pondrá en riesgo la ampliación de personal y el funcionamiento de despachos judiciales clave.
“Teníamos la expectativa de crecer, pero este ajuste nos va a golpear en todos los niveles”, reconoció el funcionario judicial consultado.
Mientras tanto, Cúcuta sigue sumando muertes violentas, con un sistema judicial que lucha contra la congestión, la falta de pruebas y la indiferencia de un entorno donde el miedo le sigue ganando terreno a la justicia.
