Cuñado del ministro Jaime Beltrán mencionado en el caso chatarra sigue ‘milagrosamente bendecido’

Óscar Ramírez, cuñado del exalcalde, hoy ministro Jaime Beltrán, mencionado como supuesto beneficiario del saqueo a las bodegas de Alumbrado Público, ha venido recibiendo contratos y ahora es funcionario de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

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A pesar de que el escándalo por la presunta extracción irregular y desaparición de toneladas de chatarra, elementos del Alumbrado Público de Bucaramanga en deshuso, estalló hace más de dos años, las investigaciones de las autoridades judiciales no han mostrado resultados.

La Fiscalía recibió la denuncia formal en agosto de 2024 y no ha proferido ni la primera decisión sobre los funcionarios y particulares mencionados en el caso, entre ellos el exalcalde Jaime Andrés Beltrán, hoy ministro de Vivienda, varios secretarios y asesores de Despacho, y Óscar Ramírez Luquerna, cuñado del exmandatario que, según la versión del principal testigo, habría estado directamente involucrado en el denunciado saqueo.

En el caso del exalcalde Beltrán, por haber sido nombrado ministro y asumir un fuero especial el expediente fue trasladado a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Entre tanto a Ramírez Luquerna, el cuñado, sin responder procesal o públicamente por los señalamientos en su contra, la suerte le ha venido sonriendo o las bendiciones le han seguido llegando pues en dos años ha sido beneficiado como contratista en varias entidades adscritas a la Alcaldía y hoy funge como funcionario.

METROPOLITANO detalla en este informe la trazabilidad de vinculaciones a entidades oficiales, después de estallar el escándalo, de Óscar Ramírez, señalado por exasesor Edgardo Rodríguez como ‘el bendecido’ en la operación irregular en la que desapareció la chatarra, que hoy tiene tiene en desarrollo un capítulo de esta historia a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde es funcionario.

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Transitando a otra bendición

El pasado 4 de junio el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique Bautista firmó la Resolución 323, nombrando a Óscar Ramírez Luquerna como Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 03, de la Planta Global de la entidad, con una asignación mensual de tres millones 583 mil 866 pesos.

El documento de la vinculación fue revelado hace una semana por la periodista Laura Ardila en su columna de El Espectador que tituló: «La politiquería que sí le gusta a Abelardo».

A pesar de que el nombramiento se dio hace cuatro meses, Ramírez no ha publicado en la plataforma Sigep el reporte de Conflicto de Intereses, un requisito obligatorio para servidores públicos.

Por su parte, el ministro Jaime Andrés Beltrán no consignó en su declaración de Conflicto de Intereses la posible controversia administrativa referente a su cuñado.

La vinculación del hermano de la exgestora social Paula Ramírez a la Dirección de Tránsito coincide con varias movidas burocráticas del hoy ministro Beltrán, que ha nombrado en altos cargos del Ministerio de Vivienda a implicados en el escándalo de la chatarra como la exsecretaria de Infraestructura María del Rosario Torres y al exasesor Wilson González Vargas.

El nombramiento de Ramírez Luquerna en la Dirección de Tránsito revela la mecánica administrativa utilizada para superar los límites legales de la carrera administrativa. Mediante la Resolución 260 del 8 de mayo de 2026, la entidad declaró la vacancia temporal del empleo de Auxiliar Administrativo, perteneciente en titularidad a la funcionaria de carrera Neidy Vanessa Villar Sánchez.

METROPOLITANO consultó al director de Tránsito, Jahir Manrique, sobre el nombramiento. El directivo lo confirmó aunque evitó dar detalles sobre las funciones que cumple Ramírez o el proceso realizado para su vinculación.

A pesar de que su perfil académico certifica únicamente formación de bachillerato, Ramírez Luquerna ha logrado ubicarse en asignaciones laborales técnicas y asistenciales cuyos salarios y honorarios superaron el promedio fijado para cargos de soporte básico.

En septiembre de 2024, Ramírez suscribió el contrato 1574 – 2024 con la Alcaldía de Floridablanca para prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Hacienda, por valor de 7 millones de pesos y tres meses de ejecución.

Material inservible (chatarra) en las bodegas de la Oficia de Alumbrado Público de Bucaramanga. Foto: suministrada / Metropolitano.

Paralelamente, firmó un segundo contrato de prestación de servicios en la Alcaldía de Piedecuesta, por valor de 8 millones 400 mil pesos y tres meses de ejecución.

Igualmente, tuvo acceso contractual al sector Salud municipal, a través del Contrato 0602 de 2026 en el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, con honorarios de 3 millones mensuales. El contrato fue suscrito por el gerente, Hernán Darío Zárate Ortegón.

En el caso del contrato con el Isabu, aunque originalmente fue pactado por un plazo de tres meses (desde el 30 de abril de 2026 hasta el 29 de julio de 2026), el acuerdo contractual fue terminado de manera anticipada ya que Ramírez solicitó formalmente finalizar sus actividades el 04 de junio de 2026 alegando «motivos personales«.

Ese mismo día el cuñado del exalcalde Beltrán fue nombrado como funcionario de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, configurando un patrón de presuntos favorecimientos institucionales que combina el acceso a contratos directos de apoyo con cargos provisionales en el aparato descentralizado del Estado.

Un desfalco de 46 mil millones: Contraloría

El denominado escándalo de la chatarra representa una de las afectaciones patrimoniales más severas al tesoro público de Bucaramanga en los últimos años y un pesado lastre para el actual ministro de Vivienda.

Los elementos involucrados correspondían al material retirado a lo largo de un proceso gradual de modernización tecnológica que tomó alrededor de quince años, mediante el cual el municipio de Bucaramanga sustituyó su antiguo alumbrado de vapor de sodio y sus estructuras complementarias por tecnología LED.

Aunque los materiales habían sido retirados del uso operativo, mantenían su naturaleza jurídica de bienes estatales con potencial de rendimiento fiscal. 

Para el cierre de la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas, a finales de 2023, la Secretaría de Infraestructura acogió avalúos técnicos e inventarios pormenorizados provistos por contratistas.

Dichos informes concluyeron que la comercialización mediante subasta de esos insumos, asumiendo una valoración mínima como chatarra de hierro y aluminio, habría reportado al erario cerca de 167 millones de pesos, estimación fundamentada en precios de mercado para el kilogramo de material reciclable que fluctuaban entre los 1.000 y 2.600 pesos.

Durante la gestión del alcalde Jaime Beltrán, en el primer semestre de 2024, se habría realizado un desmantelamiento continuo y sigiloso de las bodegas oficiales. Entre enero y marzo de ese año, el depósito ubicado en el colegio Villas de San Ignacio sufrió la sustracción de sus elementos inservibles. De manera paralela, en la bodega denominada La Hormiga se habrían coordinado el retiro de al menos 70 toneladas de activos públicos. 

Chatarra que estaba en la bodega del Colegio San Ignacio, en el norte de Bucaramanga. Foto: suministrada / Metropolitano.

A finales de 2024 la Contraloría de Bucaramanga constató la extracción total del recinto frente a los registros históricos de entrada, estableciendo en primera instancia un perjuicio fiscal estimado entre 21.700 y 23.442 millones de pesos.

Debido a que la Alcaldía no tramitó el retiro contable formal ni sustentó la pérdida de valor técnico mediante un concepto pericial, el organismo de control calculó el detrimento basándose en lo que costaría reponer operativamente los materiales.

Para marzo de 2026, con el recaudo de nuevas pruebas documentales y bitácoras que acreditaron la desaparición adicional de un transformador de alta capacidad técnica, valorado de manera independiente, la Contraloría municipal recalculó el daño consolidado al patrimonio público en más de 46 mil millones de pesos, consolidando un expediente de más de cuarenta folios y soportes magnéticos que fue remitido a las autoridades judiciales.

Los señalamientos a Ramírez

Óscar Andrés Ramírez Luquerna es hermano de Paula Ramírez Luquerna, esposa del entonces alcalde, hoy ministro, Jaime Andrés Beltrán.

Ramírez ha sido identificado en las investigaciones penales y fiscales como el presunto articulador privado y beneficiario directo de la millonaria pérdida de la chatarra pública.

Paula Ramírez y Óscar Ramírez. Foto: tomada de Instagram.

La manera en que se logró el ingreso a los predios custodiados por el municipio está detallada en las declaraciones judiciales que rindió el fallecido contratista de la Alcaldía Edgardo Rodríguez Herrera, responsable en esa época del resguardo de la bodega de La Hormiga, adscrita a la Oficina de Alumbrado Público municipal.

Rodríguez Herrera, quien perteneció por casi veinte años a la congregación religiosa Camino a la Libertad (fundada por la familia del exalcalde Beltrán), y cuya vivienda sirvió de sede logística de campaña, reveló que la orden de entrega se produjo tras una instrucción verbal impartida por Hernán Villamizar, exasesor directo del despacho del entonces alcalde Beltrán. 

Según el testimonio de Rodríguez bajo juramento ante la Contraloría y Fiscalía, Villamizar le manifestó la necesidad de “bendecir al hermano de Paula” mediante la entrega de la chatarra metálica acumulada, indicándole que Óscar Ramírez se pondría en contacto directo para coordinar la logística.

Edgardo Rodríguez, fallecido testigo principal del caso chatarra. Foto: suministrada

La coordinación entre Óscar Ramírez y el guardia de las dependencias oficiales se ejecutó a través de canales de mensajería instantánea.

Los registros aportados a las autoridades acreditan que Ramírez Luquerna asumió el control de los accesos mediante comunicaciones telefónicas en las que se presentaba como el receptor directo.

“Edgardo, soy Óscar. Yo te voy a pasar el número del conductor, la placa, el número de cédula, para que sea esa la única persona que los guardas autoricen para retirar el material”. 

Con base en estas indicaciones, la guardia privada de la bodega municipal permitió el cargamento y extracción sistemático de luminarias y postes.

De acuerdo con la investigación, las ganancias obtenidas por la comercialización de dichos metales habrían terminado directamente en manos de Óscar Ramírez Luquerna, mediante la estructura ideada por los asesores del despacho municipal.

La instrucción judicial del proceso ha enfrentado graves anomalías probatorias e incidentes que modificaron la estructura del expediente.

Uno de los hechos más sensibles documentados por el testigo clave Edgardo Rodríguez Herrera radicó en la presunta retención coactiva de evidencias directas.

Rodríguez contó que fue citado al despacho del asesor Hernán Villamizar, tras rendir su versión preliminar en la Contraloría, donde habría estado presente la entonces gestora social Paula Ramírez, quien le le habría exigido la entrega física de su teléfono celular con la justificación de examinar las conversaciones.

El equipo, que contenía las copias fotográficas de los cargamentos salientes, los intercambios de chat con Óscar Ramírez y las anotaciones de las placas de los camiones de la empresa JRK Mary, nunca le fue reintegrado al testigo.

Resolución de nombramiento de Óscar Ramírez.

Le puede interesar: Polémica: ministro Jaime Beltrán nombró en Minvivienda a sobrino de contralora que investiga el caso chatarra

Fallecimiento del testigo estrella

El desarrollo de la investigación penal dio un giro determinante el 29 de mayo de 2026, fecha en la que Edgardo Rodríguez falleció de manera intempestiva en un centro médico de Bucaramanga. De acuerdo con el diagnóstico clínico, el deceso derivó de una intoxicación gastrointestinal aguda, ocasionada por la ingesta de alimentos presuntamente contaminados con excrementos de roedores.

Al momento de su muerte, Rodríguez se encontraba adelantando negociaciones formales con la Fiscalía para acogerse a un principio de oportunidad que le permitiera inmunidad procesal a cambio de ratificar en audiencia de juicio la participación de Óscar Ramírez y el primer círculo del Despacho del entonces alcalde de Bucaramanga.

A pesar de la misteriosa muerte del testigo estrella el proceso penal en contra del exalcalde Beltrán por el escándalo de la chatarra continúa y experimentó una reorganización competencial determinante. 

Tras el nombramiento de Jaime Andrés Beltrán como titular de la cartera de Vivienda, en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, las pesquisas penales a cargo de la Fiscalía Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Bucaramanga debieron ser remitidas a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en acatamiento de las disposiciones sobre fuero constitucional.

Esta alta instancia asumió el análisis de los tipos penales o delitos por los que es investigado el hoy ministro, peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos.

Por su parte, la situación jurídica de Óscar Andrés Ramírez Luquerna y de los demás particulares y funcionarios no aforados continúa residenciada en la justicia penal ordinaria, (Fiscalía); al tiempo que la Contraloría municipal de Bucaramanga mantiene en curso el juicio de responsabilidad fiscal para resarcir los 46.626 millones de pesos extraviados.

Así, mientras avanzan las investigaciones contra el hoy ministro Beltrán y su cuñado Óscar Ramírez por su presunta responsabilidad en el escándalo por la pérdida del material inservible de la Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga, avaluada por la Contraloría en 46.626 millones de pesos, los dos mantienen posiciones cada uno en los más altos cargos del Estado o entidades locales.


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Aquí otras investigaciones de METROPOLITANO:

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