El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio este viernes el paso definitivo para desmontar la política de ‘Paz Total’ impulsada durante la administración de Gustavo Petro. El mandatario confirmó el cierre de todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos que permanecían activos.
La decisión quedó respaldada por una serie de actos administrativos expedidos durante las últimas semanas. Entre ellos está la Resolución 391 de 2026, mediante la cual se revocaron las designaciones de los representantes del Gobierno que participaban en la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
El cierre también alcanza procesos con estructuras disidentes de las antiguas Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
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A estos se suman los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y organizaciones criminales que operaban en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
El mandatario defendió la determinación a través de un mensaje publicado en redes sociales. Según De la Espriella, durante cuatro años se destinaron más de $7.000 millones a honorarios de voceros, representantes y negociadores vinculados a estos procesos.
El presidente cuestionó que, mientras avanzaban las conversaciones, las organizaciones armadas continuaran fortaleciendo sus estructuras y ejerciendo acciones violentas contra la población y la Fuerza Pública.
Con el cierre de las mesas, la administración De la Espriella marca un cambio radical frente a la estrategia de negociación de su antecesor y plantea que quienes quieran abandonar las armas deberán someterse a la justicia.
La decisión también contempla el cierre de espacios territoriales creados durante la política de ‘Paz Total’. Entre ellos está la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo, cuyo cierre fue programado para el 30 de septiembre.
